El gobierno municipal de Villa La Angostura presentó una denuncia penal para que se investigue una conexión eléctrica clandestina que afectó el suministro de agua potable en varios barrios de la localidad, tras detectarse una anomalía en la planta de bombeo ubicada en la zona del lago Correntoso.
La presentación fue realizada por la Secretaría de Servicios Públicos ante la Comisaría 28 y posteriormente remitida a la fiscalía local, que quedó a cargo de la investigación preliminar. Según la información oficial, no se identificó hasta el momento a personas o grupos como posibles responsables de la conexión irregular detectada en el lugar.
Adrian De Lillo, fiscal. Fuente. (MPF)
En la denuncia, la secretaria de Servicios Públicos, Paulina Goycoechea, relató que el 20 de enero personal municipal realizó tareas en la toma cercana al lago, donde se encuentran los pozos romanos que almacenan el recurso. Allí, el personal “logró determinar que pasa un cable subterráneo debajo de una vivienda precaria (tomada) la cual no nos permite verificar este fallo debido a la construcción de esta vivienda”.
La funcionaria advirtió en su presentación que la situación generó un impacto directo sobre el servicio de agua potable y remarcó que “es de vital importancia, ya que gran parte de la comunidad local se encuentra sin servicio de agua en los domicilios y se necesita de esta reparación inmediata”, según consta en el escrito incorporado a la causa.
Aseguran que una conexión clandestina dañó el sistema de bombeo de agua potable. Fuente: (Diario Andino)
Fuentes oficiales confirmaron que la denuncia ya se encuentra en manos de la fiscalía de Villa La Angostura, que analiza las medidas a seguir para determinar si hubo intervención de terceros en la conexión al tablero eléctrico de la planta de bombeo. En esta etapa, la investigación se centra en establecer el origen del cableado y las circunstancias en las que se produjo la afectación del sistema.
La zona donde se encuentra la planta del lago Correntoso está ocupada desde hace aproximadamente 14 años por integrantes de la comunidad mapuche Paicil Antriao, sobre un predio cuyo desalojo ordenó el poder judical neuquino en una sentencia cuya ejecución permanece pendiente, mientras el servicio de agua potable continúa bajo evaluación técnica tras la denuncia presentada.