En el contexto del "Encuentro Anual de Mediadores y Conciliadores Penales", el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén anunció la puesta en marcha de un nuevo Protocolo de Articulación para la Gestión Restaurativa de Conflictos Ambientales. Esta herramienta busca transformar la forma en que el sistema judicial responde a las denuncias por delitos contra el entorno natural.
El eje central de este protocolo es establecer una hoja de ruta clara para que los conflictos derivados por la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales no terminen necesariamente en una sanción penal. En su lugar, el objetivo es priorizar el diálogo y la resolución restaurativa, permitiendo que las partes involucradas acuerden soluciones integrales.
Protocolo de Articulación para la gestión Restaurativa de Conflictos Ambientales. Fuente (MPF)
Cecilia Basterrechea, subdirectora provincial de Mediación y Conciliación del MPF subrayó la necesidad de adaptar el sistema a los desafíos actuales: "La complejidad de la temática de los conflictos ambientales exige el desarrollo de nuevas herramientas de trabajo", señaló.
Además, la funcionaria recordó que el Código Procesal Penal de Neuquén tiene como principio rector la búsqueda de soluciones integrales. "Esto se traduce en que, ante algunos delitos, se puede trabajar dejando de lado la imposición de una pena. Con este enfoque trabajamos desde hace más de una década", afirmó Basterrechea.
Cecilia Basterrechea, subdirectora de Mediación del MPF. Fuente (Facebook)
Alcance y metodología
El nuevo protocolo se aplicará de manera uniforme en todas las circunscripciones judiciales de Neuquén. Según explicaron las autoridades, el sistema busca ofrecer respuestas eficaces y oportunas a la comunidad a través de la mediación como herramienta fundamental para reparar el daño ambiental y restaurar el tejido social afectado, en lugar de limitarse únicamente a la vía judicial tradicional.
Con esta medida, el MPF se posiciona en una línea de gestión que prioriza la reparación efectiva del daño ambiental por encima de la mera penalización, un enfoque que los especialistas consideran esencial dada la complejidad y el alcance colectivo que suelen tener este tipo de infracciones.