El Ministerio Público Fiscal realizó este viernes ocho operativos simultáneos en relación con una causa penal por presunto abuso de autoridad y administración fraudulenta en la que estaría involucrado el propio intendente, Luis Bertolini.
Los procedimientos tuvieron lugar en las ciudades de Plottier, Neuquén capital y Cipolletti, bajo la autorización de la jueza de garantías Carina Álvarez. La policía provincial registró la sede de la Municipalidad de Plottier y la vivienda particular de Luis Bertolini en busca de pruebas documentales.
Allanamiento de la fiscalía en la Municipalidad de Plottier. Fuente: (Matías Subat - Diario RN).
La fiscalía de Delitos Económicos centró sus sospechas en un decreto del Ejecutivo local que favoreció a un grupo selecto de contribuyentes. Según la acusación, el intendente eximió del pago de tasas a propietarios de terrenos baldíos en el barrio privado Los Canales, una medida que correspondía al Concejo Deliberante. Al respecto, el fiscal jefe Pablo Vignaroli indicó en una entrevista radial a Cadena Uno: “Entendemos, en principio, que podría configurarse un abuso de autoridad, porque el intendente no tiene facultades para otorgar este tipo de exenciones”, mencionó.
Una segunda línea en esta investigación analizó las contrataciones de la comuna con la firma Valco, vinculada a familiares de la subsecretaría de Hacienda. La fiscalía sostuvo la hipótesis de que la empresa careció de CUIT para facturar y que las obras se ejecutaron bajo el nombre de un socio particular para ocultar el vínculo con el poder político. Sobre este punto, Vignaroli señaló: “Esa es la teoría del caso. Por eso fuimos a buscar documentación”.

El intendente de Plottier, Luis Bertolini. Fuente: (Facebook)
Los agentes retiraron de las oficinas públicas decretos, antecedentes administrativos y archivos contables en soporte físico y digital. El material secuestrado pasó a manos de los peritos del Ministerio Público Fiscal para determinar si existieron perjuicios contra el patrimonio del Estado. El fiscal jefe subrayó que el proceso se encontró en una "etapa inicial" y que los resultados definitivos dependerán del análisis exhaustivo de toda la información recolectada en esta investigación que sacudió al gabinete municipal.
El equipo judicial evaluó la posible existencia de negociaciones incompatibles con la función pública y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta investigación buscó esclarecer si el uso de los fondos públicos se ajustó a la legalidad o si existió un desvío de recursos para beneficiar a actores cercanos a la gestión de Luís Bertolini.