El Tribunal Superior de Justicia confirmó la vigencia de los cambios al Código Procesal Penal que concede potestad a la Justicia provincial para investigar sancionar el narcomenudeo. La Corte provincial rechazó el planteo de un abogado que cuestionó la constitucionalidad de tres artículos incorporados al nuevo código.
La resolución firmada el 4 de febrero por el presidente del TSJ, Gustavo Mazieres, y por los vocales Evaldo Moya, Alfredo Elosu Larumbe, Germán Busamia y Soledad Gennari, rechazó la acción de inconstitucionalidad planteada por el abogado Marcelo Germán Muñoz (ex juez destituido por mal desempeño), quien cuestionó las modificaciones de los artículos 112, 119 y 143 del Código Procesal que introdujo la Ley 3517 sancionada por la Legislatura con el espíritu de combatir el narcomenudeo.
Integrantes del TSJ. Fuente (Matías Subat)
El dictamen que promovió el rechazo fue emitido el 5 de septiembre de 2025 por el fiscal general, José Gerez. Los artículos en cuestión se refieren al plazo excepcional de detención, al cómputo de la prisión preventiva y a la habilitación de allanamientos en horario nocturno en casos graves y urgentes.
Al emitir su dictamen, José Gerez consideró que la acción cumplía con los requisitos formales para su admisión, pero sostuvo que no estaban dadas las condiciones para disponer la suspensión cautelar de la norma. Señaló que, del análisis preliminar exigido por la Ley 2130, "no surge de manera clara ni inequívoca una colisión directa entre las disposiciones reformadas y los derechos y garantías constitucionales invocados por el actor".
José Gerez, fiscal general. Fuente (X)
En ese contexto, Gerez destacó que la reforma introducida por la Ley 3517 implicó cambios concretos en los procedimientos del Ministerio Público Fiscal, al establecer un plazo excepcional y fundado de hasta 48 horas para la detención de personas; nuevas reglas sobre la duración y el cómputo de la prisión preventiva dentro del proceso penal y la posibilidad de realizar allanamientos en horario nocturno en supuestos graves y urgentes, así como en investigaciones por delitos de narcomenudeo, siempre bajo control de un juez o jueza.
El Tribunal Superior de Justicia coincidió con esa postura y, en una decisión adoptada por unanimidad, mediante la resolución interlocutoria 1/2026, declaró formalmente admisible la acción de inconstitucionalidad y rechazó suspender la vigencia de los artículos cuestionados. De este modo, la reforma procesal penal impulsada para fortalecer la investigación y persecución del microtráfico de drogas continúa vigente, mientras el Tribunal Superior de Justicia analiza el planteo de inconstitucionalidad en el trámite principal.
El destituido juez Marcelo Germán Muñoz, autor del planteo de inconstitucionalidad. Fuente (LMN)
Los cambios vigentes
La acción de inconstitucionalidad promovida por Muñoz alcanzó a tres artículos específicos del Código de Procedimiento Penal de Neuquén, modificados por la Ley 3517. El artículo 112 regula el plazo de las detenciones que puede ordenar el Ministerio Público Fiscal. El cuestionamiento se centra en el párrafo que establece que, de forma excepcional, dicho plazo, que por regla es de 24 horas, podrá extenderse hasta las 48 horas.
El 119 se refiere al límite temporal de 1 año para dictar prisiones preventivas. La modificación establece que se computará hasta el dictado de la sentencia que declare la responsabilidad del imputado. El artículo 143 trata sobre la inviolabilidad del domicilio y los horarios para realizar registros. La reforma permite proceder en cualquier momento del día en casos "sumamente graves y urgentes" y en investigaciones por delitos de microtráfico de estupefacientes.