El bloque legislativo Neuquén República ingresó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para modificar el procedimiento de los pedidos de informes. La propuesta busca estandarizar el tratamiento de los requerimientos que los diputados dirigen a los diferentes organismos del Estado. Según el texto de la iniciativa, el objetivo es establecer un mecanismo que garantice la recepción de datos y documentos en tiempos determinados, con el fin de facilitar la tarea de control legislativo sobre la administración pública.
La normativa establece un sistema de sanciones para los casos de incumplimiento injustificado ante los pedidos de informes aprobados por la cámara. El artículo 16° de la iniciativa estipula la aplicación de una multa personal al funcionario responsable, cuyo valor oscila entre los 10 y 50 IUS. El carácter personal de la sanción prohíbe el uso de fondos públicos para su cancelación, y el monto que se desprenda de su eventual aplicación se deberá destinar al presupuesto del Plan Provincial Redistribuir Oportunidades-Becas Gregorio Álvarez.
Edificio de la legislatura de Neuquén. Fuente: (Legislaturas conectadas)
El alcance de la obligación de responder estos pedidos de informes comprende a la administración pública centralizada, entes descentralizados, empresas con participación estatal mayoritaria y concesionarios de servicios públicos. La ley también incluye a las delegaciones de organismos nacionales con actuación en la provincia cuando la información requerida posea incidencia sobre materias o servicios de carácter local. El objetivo es unificar el criterio de transparencia para todas las entidades que gestionan recursos o servicios provinciales.
El proyecto define un flujo de comunicación entre los legisladores, la presidencia de la Cámara y los organismos requeridos para evitar la acumulación de solicitudes sin respuesta y fija plazos específicos para la remisión de los datos, con el propósito de que los legisladores cuenten con insumos técnicos actualizados. Los autores de la iniciativa señalaron que la actual falta de un marco regulatorio dificulta el seguimiento de las políticas públicas y el acceso a la información por parte de la ciudadanía.
Mesa de entradas de la Legislatura. Fuente: (Facebook)
El proyecto contempla la creación de un registro de cumplimiento para monitorear el desempeño de cada repartición estatal frente a las solicitudes legislativas. Este sistema de control administrativo busca reducir la discrecionalidad en la entrega de documentación técnica y económica. Con la implementación de estas medidas, la Legislatura espera disponer de una herramienta legal que asegure la fluidez de los datos necesarios en el debate de los proyectos de ley y en el control del Poder Ejecutivo.