Legisladores de la oposición presentaron un proyecto que exige al gobierno nacional que brinde precisiones sobre la reactivación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), y explique los motivos del incumplimiento en el envío de fondos comprometidos para el mantenimiento y funcionamiento de la fábrica ubicada en Arroyito.
La iniciativa, impulsada por el diputado de Unión por la Patria, Darío Martínez, plantea la necesidad de conocer si existen condiciones técnicas, económicas y operativas para reactivar la planta, cuya producción permanece detenida desde el año 2017. El legislador provincial -y ex secretario de Energía Nacional durante el gobierno de Alberto Fernández- también solicitó información sobre el estado de los convenios firmados en 2023 y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Nación.
Integrantes de la comisión de Energía. Fuente: (Legislatura de Neuquén)
En ese contexto, Martínez cuestionó la falta de transferencias comprometidas para garantizar el pago de salarios y el sostenimiento de la infraestructura. “No hay definiciones claras de parte del gobierno nacional”, afirmó el legislador.
Durante el debate se abordó además la situación estructural de la PIAP y su rol dentro del esquema energético nacional, habida cuenta de que la planta pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica y que su operación depende de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería, con mayoría accionaria del Estado nacional.
Trabajadores realizaron una protesta en Casa de Gobierno. Fuente: (Facebook)
En ese sentido, también se puso en discusión la decisión del Ejecutivo nacional de importar agua pesada desde la India para abastecer a las centrales nucleares Atucha I y II, a pesar de que ese insumo podría producirse en el país. “Está paralizada hace 9 años y pasaron tres gestiones nacionales en el medio”, expresó el diputado Andrés Blanco al referirse a la falta de continuidad en las políticas vinculadas a la planta.
El análisis legislativo continuará la próxima semana con una posible visita a las instalaciones de la PIAP para relevar su estado edilicio y laboral, mientras la provincia mantiene el pago de salarios con recursos propios ante la falta de transferencias nacionales previstas en los convenios firmados en 2023.