La Secretaría de Producción e Industria de Neuquén habilitó una línea de financiamiento destinada a la regularización dominial de ocupantes en tierras fiscales. El instrumento busca costear las tareas de mensura, requisito indispensable para obtener la adjudicación en venta o el título de propiedad definitivo. El objetivo es reducir la informalidad en la tenencia de predios rurales destinados a la actividad económica.
El esquema de financiamiento segmenta la asistencia según la superficie del inmueble a regularizar. Para parcelas de hasta cinco hectáreas, el monto máximo alcanza los 12 millones de pesos bajo la modalidad de sola firma. En propiedades de hasta diez hectáreas, el capital disponible se extiende a los 20 millones de pesos y para extensiones superiores a las diez hectáreas, el tope de asistencia llega a los 30 millones de pesos para afrontar los gastos de agrimensura.

Funcionarios y dirigentes rurales anunciaron el financiamiento. Fuente: (Noticias Nqn)
Las condiciones del financiamiento establecen una tasa variable con topes definidos y un plazo de devolución de hasta 48 meses. El sistema otorga además un período de gracia de hasta seis meses para el inicio del pago de las cuotas. Los productores interesados en regularizar tierras fiscales deberán gestionar la solicitud ante la Dirección Provincial de Tierras para verificar la situación ocupacional del lote. Los interesados deberán presentar la documentación que acredite la explotación efectiva del recurso natural.
La Sociedad Rural del Neuquén y la Secretaría de Ambiente participan en la supervisión del programa para asegurar la aptitud productiva de los suelos. Al acceder a escritura formal se facilita la obtención de certificados de emergencia agropecuaria y créditos bancarios para inversión tecnológica. Al regularizar las tierras fiscales se pueden evitar conflictos de vecindad y asegurar la transparencia en la transferencia de derechos de ocupación.

La Sociedad Rural supervisará la aplicación del programa. Fuente: (Facebook)
El programa busca agilizar expedientes técnicos que permanecen paralizados por el costo de las tareas profesionales de agrimensura. Una vez aprobada la mensura por los organismos competentes, el ocupante accede a la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de su emprendimiento.