Vecinos del barrio Cuenca XV interrumpieron el tránsito este viernes en el cruce de las calles Necochea y Poliansky para exigir condiciones de seguridad en la zona. La medida de fuerza incluyó una quema de neumáticos tras una noche de máxima tensión donde hubo disparos de armas de fuego y enfrentamientos entre bandas.
La protesta surgió como respuesta directa a una balacera que reflejó la crisis por falta de seguridad que atraviesa el sector. El comisario inspector Agustín Galeano, coordinador operativo de Zona Norte, precisó que el episodio involucró a dos grupos de una misma familia con vínculos conflictivos. Tras el despliegue de efectivos de las comisarías 16 y 18, los efectivos recolectaron seis vainas de calibre 9 milímetros y un arma de fabricación casera, elementos que confirman la magnitud del peligro al que se expone la comunidad.
Los policías hallaron vainas servidas y armas caseras. Fuente: (Facebook)
El pedido de los manifestantes apunta a crear un esquema de seguridad y el aumento de controles preventivos en los puntos de venta de estupefacientes. Los vecinos exigieron la presencia del Ministro de Seguridad de la Provincia, Matías Nicolini, para que brinde soluciones ante la falta de patrullaje. La comunidad sostiene que los operativos aislados con tres personas demoradas, entre ellas un menor de 17 años, resultan insuficientes para desarticular las redes delictivas que operan de forma permanente.
En diálogo con LU5, Marina, una vecina con dos décadas de residencia en el lugar, describió un panorama de vulnerabilidad extrema. “Hace años que venimos padeciendo la venta de droga. Ya no se puede convivir”, afirmó. La residente denunció que la zona se encuentra desprotegida y que el movimiento de personas, los robos y el ingreso a las viviendas se transformaron en hechos de frecuencia diaria para las familias que habitan el barrio.
Tres personas detenidas. Fuente: (Facebook)
“No queremos que pase una tragedia para que alguien haga algo”, sentenció la vecina en representación de quienes temen por la integridad de sus hijos. Mientras la causa judicial quedó bajo la órbita de la Fiscalía para analizar las próximas medidas, los habitantes de la zona aguardan una respuesta política que garantice el derecho a la protección y la paz social definitiva.