El Gobierno de Neuquén activó un plan de contingencia ante las reiteradas amenazas de tiroteos que afectaron el normal dictado de clases en la capital y el interior. El director provincial de Diagnóstico y Prevención del Ministerio de Seguridad, Tomás Diclemente ratificó que los episodios poseen características de un fenómeno viralizado en redes sociales. Según el funcionario, el organismo recibió alertas desde Piedra del Águila, Aluminé y Cutral Co.
La aparición de estas amenazas con el comportamiento de una franja etaria altamente influenciada por el entorno digital. Diclemente explicó que estos hechos no se toman como eventos aislados, sino como una advertencia sobre la realidad social actual. "Lo entendemos como una señal de un sector de la sociedad que se manifiesta en las escuelas", afirmó el director.
Las amenazas aparecieron en diferentes escuelas. Fuente: (Facebook)
La respuesta institucional frente a las amenazas alcanzó a más de 900 alumnos mediante charlas sobre violencia, ciberbullying y consumos problemáticos. El equipo de prevención trabaja con grupos desde quinto grado hasta el final del nivel secundario en todos los turnos escolares.
El operativo incluye de manera fundamental a los adultos responsables para fortalecer el acompañamiento en el hogar. El Ministerio de Seguridad detectó que el desconocimiento tecnológico de los padres dificulta la supervisión de las actividades virtuales de los menores. Bajo esta premisa, la provincia promueve encuentros que prioricen la calidad del tiempo compartido y el diálogo fluido sobre el uso de internet sin la presencia de pantallas.
El dispositivo de Seguridad incluye a los adultos responsables. Fuente: (Facebook)
Como medida práctica para las familias, el funcionario propuso establecer una comunicación cotidiana sobre la vida digital de los hijos. "Pregúntenles a los chicos cómo les fue en internet hoy. Ese puede ser el punto de partida", señaló Diclemente durante una entrevista radial. Desde la cartera provincial confirmaron que mantendrán la presencia en los establecimientos educativos mientras las investigaciones judiciales buscan hallar a los autores de los mensajes intimidatorios.