El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra dos hombres por tenencia de cocaína con fines de comercialización en la ciudad de Chos Malal, a partir de un allanamiento realizado el 2 de abril en una vivienda del barrio Uriburu, donde se secuestraron drogas, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados a la actividad investigada.
En el procedimiento se hallaron 141 gramos de la droga, parte en estado compactado y otra fraccionada en envoltorios listos para su distribución, lo que equivale a unas 300 dosis según lo expuesto por la fiscalía. En el mismo operativo, el personal policial secuestró pastillas utilizadas para el corte de la sustancia, una balanza de precisión, tres dispositivos electrónicos de cobro y dinero en efectivo en pesos argentinos y chilenos.
Parte de la droga secuestrada. Fuente: (Policía del Neuquén)
La acusación fue presentada por la fiscal del caso Natalia Rivera, acompañada por el fiscal Víctor Salgado, durante una audiencia en la que también se solicitó la aplicación de prisión preventiva domiciliaria por el plazo de un mes. El pedido se fundamentó en la falta de cupos en unidades de detención y en la existencia de riesgos procesales vinculados a una eventual fuga o entorpecimiento de la investigación.
De acuerdo con la investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal en conjunto con la división Antinarcóticos de la Policía provincial, los imputados habrían desarrollado actividades de comercialización de cocaína entre el 16 y el 28 de marzo. Para esas operaciones utilizaban tanto la vivienda allanada como un automóvil Volkswagen Bora, que formaba parte de la logística identificada durante las tareas investigativas.
El auto secuestrado. Fuente: (Policía del Neuquén)
La fiscalía sostuvo que la cantidad de cocaína secuestrada, junto con los elementos hallados en el domicilio, permiten sostener la hipótesis de una actividad de venta organizada. En ese contexto, se solicitó además el embargo y la inhibición de bienes de ambos acusados como medida cautelar, en el marco de una causa en la que se investiga la posible comercialización de estupefacientes en la zona.
El juez de garantías Lisandro Borgonovo rechazó el pedido de prisión domiciliaria y dispuso en su lugar la prohibición de salida de la ciudad de Chos Malal y la obligación de presentarse diariamente en una dependencia policial, mientras el Ministerio Público Fiscal solicitó la revisión de esa decisión en la misma audiencia.