La Ley 26.160 fue sancionada a finales del año 2006 por un plazo de vigencia de 4 años a efectos de resolver la situación de emergencia territorial de las comunidades indígenas del país. Desde ese entonces, fue prorrogada en 3 oportunidades: en el año 2009, en el 2013 y en el 2017.
Hoy, el Senado de la Nación tratará la cuarta prórroga de esta normativa de emergencia y de orden público, ya que, la Ley 26.160 está próxima a vencer. Se trata de un reclamo urgente de las comunidades de pueblos originarios de la Argentina, en tanto, en el caso de que no se renueve, se producirán múltiples desalojos de comunidades indígenas de sus territorios.
En concreto, se pondrán en marcha acciones que ocasionarán daños irreversibles, principalmente, porque la vida y las culturas de las comunidades originarias en nuestro país se encuentran ligadas íntimamente a sus tierras. Por este motivo, exigen que haya una prórroga de la Ley 26.160.
La prórroga la presentará la senadora salteña, Nora Giménez del Frente de Todos, y contaría con el aval de gran parte de la Cámara Alta.
Cuáles son los objetivos de la Ley 26.160
En líneas generales, esta normativa establece tres grandes objetivos que implican que el Estado nacional les otorgue a las comunidades indígenas la posibilidad de obtener el reconocimiento de sus territorios.
Es decir, la Ley 26.160 propone declarar la emergencia territorial de las comunidades indígenas del país, suspender la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras y efectuar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas.
Uno de los argumentos de quienes aspiran a que la Ley 26.160 se prorrogue es que todavía no se completó el relevamiento total sobre estas tierras.
Río Negro permanece expectante
El tratamiento de la prórroga de la Ley 26.160 en el Senado de la Nación se transformó en un tema trascendental en la provincia de Río Negro. Esto se da a raíz de los últimos sucesos que pusieron en el centro de la escena el conflicto con la tierra en el sur del país.
La aprobación o el rechazo a la extensión de la normativa tendrá un impacto directo con la situación en Río Negro, dado que, el Gobierno provincial, encabezado por Arabela Carreras, presentó días atrás una denuncia formal por “terrorismo” hacia un sector de las comunidades mapuches del sur.
La vigencia de la Ley 26.160 culmina el próximo 23 de noviembre y en Río Negro ya hay efectivos de las fuerzas federales que custodian los territorios.
De acuerdo a lo que reza en la denuncia del Ejecutivo local, estos grupos habrían reivindicado una serie de ataques a espacios públicos y atentado contra el poder institucional de la provincia.
En paralelo, la comunidad mapuche, Lof Quemquemtrew, de Cuesta del Ternero, se encuentra a la espera de una resolución pacífica de su situación. Así, si no se aprueba la extensión no habrá ninguna herramienta o instrumento legal que permita evitar desalojos y desocupaciones.