La justicia de Río Negro indicó que hay una familia en la localidad de Roca que se encuentra en “extrema vulnerabillidad”, por tal motivo instó a las autoridades de la provincia a dar una respuesta al caso.
Las autoridades judiciales de Río Negro establecieron un plazo de 30 días para que los organismos provinciales y municipales den una respuesta. Además, adelantaron que aplicarán una multa de $50.000 por cada día de demora.
Poder Judicial de Río Negro. Fuente (redes sociales).
La familia se conforma por una madre, que sufre de epilepsia y otra enfermedad que le afecta la visión, una hija que padece las mismas dificultades y otros dos hijos que son estudiantes de secundaria y facultad.
Según explicaron, la familia vivía en una casa alquilada, pero los dueños van a venderla y tienen que irse. En ese marco, la jueza María del Carmen Villalba aseguró que no es necesario construir o asignarles una casa.
Edificio del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV). Fuente (archivo).
“Puede consistir en otras alternativas acordes a las necesidades de salud de la familia”, sugirió Villalba. Asimismo, indicó que el instituto de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Humano y la Municipalidad de Roca tendrán que encontrar una solución.
El amparo fue presentado por la mujer que vive con sus tres hijos. Según explicó, los ingresos que percibe son de su jubilación por invalidez, de trabajos de limpieza de casas particulares y del aporte alimentario que recibe de su expareja.
Oficina del Ministerio de Desarrollo Humano. Fuente (redes sociales).
La mujer está inscripta en el Registro Permanente de Demanda Habitacional del IPPV en Río Negro desde 2014, la Municipalidad le dio un terreno social, pero no tiene servicios y a veces recibe ayuda para alquilar por parte del Municipio y la Provincia.
Después de analizar la situación, la jueza Villalba indicó que: “Confluyen diversos factores que actúan como barreras sociales para el pleno ejercicio de los derechos humanos fundamentales”.
¿Qué definió el fallo?
Según detalla el fallo, la situación es compleja. “Confluyen diversos factores, que sumados a las actitudes que han asumido el Estado Provincial como el Municipal, terminan consolidando una situación de extrema vulnerabilidad”, indica el documento.
En ese sentido, se precisó que “el Estado, en sus diversas órbitas, ha afectado por medio de una omisión arbitraria y en forma concreta los derechos y garantías constitucionales y convencionales” de la familia.