El diputado nacional, José Luis Garrido, representante del bloque Por Santa Cruz, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone la intervención federal del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz. La iniciativa apunta a "garantizar la forma republicana de gobierno, la independencia del Poder Judicial y la recta administración de justicia", según detalla el texto ingresado al Congreso.
El proyecto, titulado "Intervención Federal del Poder Judicial", plantea que el Ejecutivo designe un interventor federal, quien no podrá ejercer funciones judiciales pero sí tendrá amplias atribuciones administrativas e institucionales sobre el sistema de la provincia austral. Entre sus facultades se incluye la posibilidad de remover, ratificar o suspender a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de Santa Cruz.
El supuesto interventor también podrá dictar reglamentos sobre subrogancias, designaciones de conjueces y toda otra medida necesaria para restablecer lo que el legislador considera un funcionamiento transparente y autónomo de la justicia santacruceña. Garrido argumentó que la justicia atraviesa una situación crítica, donde "la independencia judicial se encuentra seriamente comprometida por la influencia del poder político".
José Luis Garrido fue quien llevó la propuesta a Diputados.
En ese sentido, el diputado sostuvo que el objetivo central del proyecto es "reorganizar y garantizar la independencia, transparencia y eficacia del Poder Judicial provincial", al tiempo que se asegure el respeto pleno de los principios republicanos dentro de Santa Cruz. La intervención, según explicó, busca restablecer la confianza pública en las instituciones judiciales, afectadas por denuncias de parcialidad y falta de transparencia en la designación de jueces y funcionarios.
El texto legislativo también prevé que todas las designaciones realizadas durante la intervención sean consideradas "en comisión", hasta que se logre la plena normalización institucional de la provincia. De esta manera, una vez concluido el proceso, las nuevas autoridades judiciales deberán ser ratificadas o reemplazadas conforme a los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes locales. Además, el Ministerio de Justicia de la Nación tendrá la responsabilidad de impartir las directivas necesarias al interventor para coordinar las tareas de reorganización.
Esta medida busca garantizar la transparencia y eficacia del Poder Judicial de Santa Cruz.
Lorena Ponce denunció parálisis legislativa y castigo político en Santa Cruz
La diputada Lorena Ponce criticó la falta de quórum en la Cámara de Diputados para tratar el desafuero de Fernando Españon, acusando al oficialismo de bloquear el debate y evadir sanciones. También cuestionó la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, calificándola como un gasto innecesario en medio de demandas sociales urgentes.
Ponce denunció que 28 de Noviembre y Río Turbio son castigados por no compartir el color político del gobierno provincial, y reclamó autonomía municipal mediante una reforma de la ley de coparticipación. Además, anticipó la presentación de una ley de refuerzo alimentario escolar ante el incumplimiento del Ejecutivo en áreas clave como salud y educación.