El Gobierno Nacional oficializó una medida que modifica de manera significativa el esquema productivo vigente en Tierra del Fuego. A partir del 17 de junio, los beneficios industriales que históricamente fueron exclusivos de la provincia se extenderán a todo el país, lo que abre un nuevo escenario para la economía fueguina.
La decisión, publicada en el Boletín Oficial, implica que las ventajas fiscales y arancelarias que sostenían la competitividad de las fábricas provinciales ya no serán diferenciales. En la práctica, esto podría traducirse en una pérdida de competitividad para las empresas radicadas en Tierra del Fuego, que durante décadas se apoyaron en este régimen para sostener producción y empleo.
El nuevo esquema marca un giro en la política productiva nacional y genera incertidumbre sobre el futuro de la industria fueguina. Con gran parte de la economía provincial vinculada a este régimen, los empresarios advierten que la medida podría derivar en cierres de plantas y reducción de puestos de trabajo si no se implementan mecanismos de compensación.
Tierra del Fuego teme que esta nueva competitividad perjudique a la provincia.
Desde el sector sindical también se encendieron las alarmas, al señalar que la continuidad del empleo depende de mantener condiciones que permitan a las fábricas competir en igualdad de oportunidades. La extensión de beneficios al resto del país, según remarcan, diluye el atractivo de instalarse en la isla y pone en riesgo la estabilidad de miles de familias que dependen de la actividad industrial.
Los beneficios a todo el país atentarían contra la provincia isleña.
El Gobierno nacional defendió la medida como parte de una estrategia para "equilibrar" el desarrollo productivo en todo el territorio. Sin embargo, en Tierra del Fuego la preocupación es evidente por el desafío de redefinir su modelo económico en un contexto donde las ventajas que la distinguían ya no serán exclusivas.
Tierra del Fuego: Melella reglamentó la ley de acuicultura y habilitó la salmonicultura en la provincia
La ley de acuicultura y la salmonicultura quedó reglamentada oficialmente.
El gobernador Gustavo Melella aprobó la reglamentación de la Ley 1601 sobre acuicultura mediante el decreto 587/26, publicado en el Boletín Oficial. La norma, sancionada en diciembre y promulgada dos días después, ya cuenta con un marco regulatorio que habilita el desarrollo de la actividad en aguas continentales y marítimas de Tierra del Fuego.
La reglamentación se organiza en tres anexos que establecen criterios de sostenibilidad, evaluaciones ambientales obligatorias y protocolos de coordinación interinstitucional. El esquema diferencia escalas de producción artesanal, preindustrial e industrial, y prevé una Ventanilla Única para la presentación de proyectos, con resguardos específicos en el canal Beagle y áreas protegidas para preservar los ecosistemas.