El caso de la desaparición forzada de Iván Eladio Torres Millacura, ocurrida en 2003 en Comodoro Rivadavia, volvió a instalarse en la agenda pública tras un posteo en redes sociales. La hija de uno de los policías condenados, Renata Tillería, aseguró que su padre fue sentenciado "por un delito que no cometió", lo que reactivó las discusiones en torno a una causa emblemática para Chubut.
La publicación, realizada en Facebook, expuso el impacto que la condena tuvo en su entorno familiar y denunció consecuencias económicas, sociales y emocionales desde la sentencia que conmovió a la provincia. Tillería señaló que su padre perdió su trabajo tras más de 30 años de servicio y que la distancia con Chubut por su detención en Marcos Paz profundiza las dificultades cotidianas.
El caso Torres, de nacionalidad chilena, se convirtió en uno de los más recordados de la provincia por las irregularidades en la investigación y el asesinato de testigos. En 2016, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a los policías Fabián Alcides Tillería y Marcelo Alberto Chemin, a 15 y 12 años de prisión como partícipes necesarios de la desaparición.
El textual de Renata Tillería
La causa también tuvo repercusión internacional, ya que en 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino y ordenó avanzar en la investigación de lo ocurrido en el sur, lo que derivó en la incorporación del delito de desaparición forzada al Código Penal mediante la Ley 26.679.
La causa incluso investigó a un juez.
Aunque las condenas están firmes, el reciente posteo volvió a abrir interrogantes y generó reacciones divididas en redes sociales. El caso, por su sensibilidad y complejidad, sigue siendo un tema de fuerte impacto en Chubut, donde la memoria colectiva mantiene viva la exigencia de verdad y justicia.
Chubut: el Superior Tribunal reabre una causa por pornografía infantil
La Justicia de Chubut reabrió una grave causa.
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut resolvió reactivar una causa contra Pedro Enrique Velázquez, imputado en 2020 por delitos vinculados a la pornografía infantil. El fallo dejó sin efecto el sobreseimiento por prescripción y ordenó que el caso vuelva a foja cero para la realización de un nuevo juicio.
Los jueces remarcaron la relevancia de pruebas técnicas como el IMEI del celular, las líneas telefónicas y el secuestro del dispositivo en el domicilio del acusado. Además, cuestionaron la fragmentación del delito de tenencia y confirmaron que la posesión de material de abuso sexual infantil debe ser considerada una conducta única y continua, lo que marca un precedente clave en la provincia.