La demora en el llamado a la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná le genera al Estado una pérdida anual de 10 mil millones de dólares. Por ello, el Gobierno planea llevarla adelante próximamente, lo que definiría el futuro de las concesiones de dragado y balizamiento en el canal por el que se exportan los productos argentinos.
Cabe destacar que la hidrovía fue concesionada en 1995 y el Gobierno planea llamar a una nueva licitación sin prorrogar la actual, que vencerá el próximo mes. Actualmente, quien tienen la concesión del corredor es Hidrovía S.A, un conglomerado conformado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina EMEPA S.A.
Los 10 mil millones de dólares se perdieron por sobrecostos de flete, pago de servicios a Montevideo y pesca ilegal.
En 2011, la concesión de la hidrovía fue renovada por diez años mediante un decreto, sin embargo, el Gobierno volverá a convocar el proceso. Según Ámbito, mantenerla implica la pérdida de competitividad de productores locales y un mayor costo logístico al depender de legislación extranjera en aguas nacionales. De hecho, por este motivo el Estado ya perdió 10 mil millones de dólares.
A partir de ello, se determinó que la concesión pase durante un año a la AGP (Administración General de Puertos), en septiembre de 2021. De esta manera, la AGP controla el cobro del peaje.
Del canal marítimo que conecta a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sale el 81% de las exportaciones agrícolas.
El objetivo del Gobierno
El fin del Gobierno nacional respecto a la Hidrovía es que se lleve adelante el proceso de licitación y que se defina quiénes serán los encargados de la vía troncal durante 10 años o más. Además, el canal será supervisado por el Ente nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable.
Ariel Sujarchuck, titular del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable.
En primer lugar, se deberá llevar adelante la convocatoria, luego se deben aprobar los pliegos. Tras esa instancia se preseleccionarán los oferentes, se presentarán las propuestas y finalmente se hará el análisis y las impugnaciones. Por ende, se espera que este año se defina.