La UBA (Universidad de Buenos Aires), presentó una medida cautelar ante la justicia para frenar las auditorías que busca realizar el Gobierno a través de la SIGEN (Sindicatura General de la Nación).
La universidad le pidió a la justicia del fuero contencioso en lo administrativo federal, que declare la inconstitucionalidad de un artículo de la reglamentación de la ley de Administración Financiera y los Sistemas de Control del sector público nacional. Con ello se dio inicio a una batalla judicial entre la UBA y el Gobierno.
Asimismo, la UBA solicitó la medida cautelar mientras se reivindica el rol de auditor para la AGN (Auditoría General de la Nación), que depende del Congreso y pide una acción declarativa de certeza. La petición fue hecha por el rector de la universidad, Ricardo Gelpi, con el respaldo del letrado Sergio Pascale.
Por su parte, el titular de la SIGEN, Miguel Blanco, ordenó a su equipo preparar una contra cautelar para que se les permitan iniciar los controles en la institución educativa, lo que pone más presión al conflicto con las casas de estudio.
Las universidades son controladas por la AGN.
El juez en lo contencioso-administrativo federal, Diego Cormick, se declaró competente para entender la demanda presentada por la universidad y dispuso que el Poder Ejecutivo Nacional y la SIGEN produzcan en cinco días un informe para argumentar por qué el organismo debe realizar las auditorías.
La fiscalía concluyó que el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal es el que debe intervenir en la demanda porque, para resolver, "será necesario recurrir de modo preponderante al análisis y aplicación de principios y normas de derecho público constitucional y administrativo", explicó.
Una vez que se reciba el informe del Gobierno, el juez estará en condiciones de decidir si detiene o no la inspección de la SIGEN en la institución educativa, conforme lo solicitado por el rector.
Qué busca auditar el Gobierno
La SIGEN iba a empezar a auditar la universidad desde el pasado 28 de octubre, con el objetivo de analizar, en primera instancia, los fondos que el Tesoro Nacional le transfirió en los últimos años.
Para la UBA la SIGEN no tiene legalidad para auditar las universidades.
Según la SIGEN la institución no rindió cuentas entre 2020 y 2022 sobre el 89 % de los fondos que recibió en el marco de diferentes programas universitarios. Se trata de unos $8000 millones sobre los que no se especificó su destino y utilización. Además, se le suman otros $500 millones para infraestructura, que tampoco está claro cuál fue su uso entre 2015 y 2019.