En medio del conflicto por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno analiza la posibilidad de comenzar a auditar las universidades nacionales a su cargo.
Según indicó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el Gobierno podría anular una resolución de la SIGEN (Sindicatura General de la Nación), que actualmente impide que se auditen las instituciones, o anular un artículo que determina la autonomía de las universidades.
En ese sentido, según indicó Pettovello, "estamos trabajando en más de una opción" para avanzar con su decisión y comenzar a controlar los gastos de las universidades estatales.
Al respecto, el titular de la AGN (Auditoría General de la Nación), Juan Manuel Olmos, explicó que la SIGEN "responde a las órdenes del presidente, son los ojos del PEN (Poder Ejecutivo Nacional) y audita todos los ministerios".
El Gobierno además puso el foco en la cantidad real de alumnos regulares.
Y aclaró que, por ejemplo, la UBA (Universidad de Buenos Aires) al ser un ente público no estatal, no puede ser auditado por dicho organismo y que para hacer las auditorías el Congreso debe hacer la petición por medio de una comisión mixta revisora.
Por su parte, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el titular del CIN, que lidera la Universidad Nacional de San Luis, Victor Moriñigo, ya habían denunciado la inconstitucional del Gobierno de auditar las casas de altos estudios, ya que sería un intento de “violación de la autonomía universitaria”.
Cabe recordar que actualmente la Ley de Educación Superior establece que el control administrativo a las instituciones públicas es competencia de la AGN, sin embargo, no establece una periodicidad para realizar dichas auditorías.
Por qué se quiere auditar las universidades
En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano, bajo cuya órbita funciona la Subsecretaría de Políticas Universitarias, señaló: “Es esencial auditar el uso de los fondos públicos. Las universidades, especialmente la Universidad de Buenos Aires (UBA), no han rendido cuentas de manera adecuada”.
El Gobierno cuestionó las auditorías que se le realizan a la UBA.
Según argumentan, el 89 % de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no han sido auditados. Además, señala que la AGN tiene en proceso seis informes y que en los últimos años aprobó tres, de los cuales solo uno está vinculado a la UBA.