Por medio de dos decretos publicados este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno declaró la emergencia ferroviaria, para los servicios de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional.
La declaración de la emergencia ferroviaria se dio tras la aprobación de la Ley Bases en el Senado, la cual mantuvo entre las empresas a privatizar al Belgrano Cargas y a la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse). La medida fue fijada por un plazo de dos años, prorrograble por única vez por el mismo período.

La medida afecta al transporte de pasajeros y de carga.
El decreto de emergencia ferroviaria afecta a todas las actividades relacionadas con la administración y mantenimiento de la infraestructura y a la operación de los servicios en la Red Ferroviaria Nacional.
Según se explica en los considerandos de la norma, luego de que la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) realizara la evaluación de desempeño del sistema ferroviario correspondiente al 2023 "se evidencia la delicada situación en la que se encuentra inmerso el Sistema de Transporte Ferroviario Nacional".

El Gobierno aseguró que el sistema se encuentra en malas condiciones.
Y se detalla que, de acuerdo a esos informes, se desprende que "el mayor porcentaje de descarrilamientos se ha manifestado en el transporte ferroviario de cargas" y "obedece, en gran medida, al estado de conservación en el que se encuentra la infraestructura".
En ese sentido, remarcan que "en el transporte ferroviario de pasajeros, la degradación del mantenimiento de la infraestructura y del material rodante genera reducciones de velocidad de vía, con el consecuente aumento de tiempo de viaje, llegando en algunos casos, a determinarse la suspensión de los servicios".

Al sistema de transporte le hace falta mantenimiento.
Y destacan que "se ha registrado una ineficaz gestión y planificación de las contrataciones destinadas al mantenimiento del material rodante, lo cual ha conllevado, en la práctica, a una sensible disminución de formaciones en servicio y por consiguiente una disminución en las frecuencias".
Qué establece la norma
Con el decreto, las empresas de transporte tendrán un plazo de 15 días para presentar ante la Secretaría de Transporte "un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones, detallando una breve descripción de las mismas, plazo de ejecución, estimaciones presupuestarias, factibilidad de fuente de financiamiento, condiciones de mantenimiento y seguridad”.

Por el decreto, se anticipan despidos masivos.
“Como así también, en caso de ser necesario, las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores mediante negociaciones con las representaciones sindicales con ámbito de actuación en el sector y demás cuestiones que se consideren pertinentes a los efectos de revertir la situación de emergencia".
Además, tanto las empresas como la Secretaría "podrán dejar sin efecto los procedimientos de contratación". En tanto, el Gobierno se comprometió a montar un presupuesto adicional de $1.293.780.000.000 para el "fortalecimiento del sistema ferroviario nacional".