El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó el cierre de 155 registros automotores, aunque no detalló cuáles fueron las oficinas que dejaron de estar operativas.
En 2024, el Gobierno había iniciado el plan de cierre de los registros automotores y clausuró 159 sedes. De esta manera, ya más de un 20 % de estos organismos dejó de funcionar, como parte del plan motosierra de la administración libertaria.
“En poco más de un año, le pasamos la motosierra a más del 20 % de los registros automotores”, expresó el ministro a través de sus redes sociales, donde también anticipó que “el objetivo es que todo el sistema sea completamente digital como hicimos con la cédula azul”.
Por otro lado, advirtió que “durante décadas, los registros automotores fueron el eje de un sistema diseñado por la casta para exprimir a los ciudadanos. Nos quitaron la libertad de elegir y fuimos víctimas de sus costos abusivos”.
El ministro celebró la medida del Gobierno.
Por ello, el Gobierno busca modernizar el sistema y convertirlo en 100 % digital. Además, la medida hace parte del plan motosierra del Gobierno para reducir el Estado, lo que en poco más de un año ha provocado miles de despidos.
Lo que se busca es crear una ventanilla digital única nacional por medio de la que se podrán dar altas de unidades cero kilómetro o transferir automotores de segunda mano entre particulares.
El registro empezará a ser 100 % digital.
Sin embargo, para lograr esto es necesario tener todos los expedientes de los vehículos que circulan por el territorio nacional en formato digital, además de una plataforma digital en la que se puedan realizar todas las operaciones posibles, teniendo en cuenta los lineamientos de los órganos de control.
Otros cambios
El Gobierno, además, habilitó la posibilidad de que los ciudadanos elijan la oficina del organismo que mejor se adapte a sus necesidades, sin estar atados a una jurisdicción en especial, ya que, hasta ahora, cada persona tenía un registro asignado por el domicilio de su DNI.
Desde el Gobierno, esperan que esta dinámica incentive una competencia entre las provincias y municipios, ya que los ciudadanos podrán elegir dónde realizar sus trámites, donde también ofrezcan el costo más bajo.