El Gobierno impulsa un proyecto de Ley de Libertad Educativa que busca transformar de manera profunda el sistema escolar argentino y reemplazar la Ley de Educación Nacional, vigente desde 2006. La iniciativa, discutida en el Consejo de Mayo, propone reordenar responsabilidades entre el Estado, las familias y las instituciones, además de introducir nuevas modalidades de enseñanza y cambios en el financiamiento.
El borrador abarca toda la educación básica e incorpora parte del espíritu del capítulo educativo de la primera Ley Bases. La propuesta se articula con la normativa educativa vigente y plantea que las familias asuman un rol central mientras que el Estado adopte una función subsidiaria. Según fuentes oficiales a Infobae, el texto aún está en revisión y podría modificarse antes de ser enviado al Congreso.
El Gobierno presentó el borrador de la ley en el Consejo de Mayo.
Entre los cambios principales, el proyecto incorpora el home schooling, la educación híbrida y la educación a distancia, sin edad mínima definida. Los aprendizajes se acreditarían mediante exámenes periódicos. También habilita a las provincias a ofrecer enseñanza religiosa confesional en las escuelas públicas, fuera del horario escolar, y permite que cada institución diseñe planes de estudio propios, siempre respetando los contenidos mínimos comunes definidos por el Estado. Este esquema convivirá con lo establecido por el marco legal educativo nacional.
La reforma plantea mayor autonomía para las escuelas.
Otro eje clave es la autonomía institucional. Las escuelas podrán definir su organización interna, administrar recursos y establecer criterios de admisión y permanencia. Para el sector estatal habrá una transición progresiva hacia este modelo.El proyecto mantiene y amplía las evaluaciones nacionales: serán anuales, censales y desagregadas por escuela, preservando la identidad de docentes y alumnos.
En financiamiento, elimina la meta de inversión del 6% del PBI y establece un sistema mixto que contempla asignaciones directas a instituciones y familias mediante becas o vales educativos, garantizando igualdad de acceso para escuelas públicas y privadas.
El proyecto propone nuevas modalidades de enseñanza.
La participación de las familias será obligatoria a través de consejos escolares, mientras que los directores tendrán mayores atribuciones en selección y supervisión del personal. El borrador también redefine aspectos regulados por la Ley de Educación Nacional, cuyos lineamientos estructuran hoy el sistema.