El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que se llevarán a cabo despidos en la Dirección General Impositiva (DGI), con la eliminación de 695 cargos, lo que representa un 27 % de su estructura. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia destinada a reducir el gasto estatal y optimizar la administración pública.
La decisión fue tomada por las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), encabezadas por su director, Juan Paso, junto con Andrés Vázquez, titular de la DGI. Entre las modificaciones más destacadas, se incluyen la eliminación de 33 cargos en la sede central de la DGI y la reducción de 88 posiciones en la Subdirección de Grandes Contribuyentes.

Adorni informó que se llevarán a cabo despidos en la Dirección General Impositiva. Fuente: (X)
“También se dispuso eliminar 38 receptorías y oficinas de atención cuyos trámites podían hacerse en un 90 % por la web y que casualmente las mismas se abrieron en municipios afines durante el gobierno anterior. Como la de Hurlingham, Merlo, La Matanza, José C. Paz, Florencio Varela y Berazategui, esas van a ser eliminadas”, detalló Adorni.
Este ajuste se suma a otros recortes previos que el Gobierno ha venido implementando en distintas áreas del Estado. En los últimos meses, se ha avanzado en la reducción de contratos y cargos considerados innecesarios, buscando modernizar el funcionamiento de la administración pública y reducir los costos del sector estatal.

La decisión fue tomada por las autoridades de ARCA y la DGI. Fuente: (X)
La reestructuración de la DGI forma parte de una serie de ajustes que el Gobierno tiene previstos en otras áreas del Estado, como parte de su estrategia para equilibrar las cuentas fiscales y optimizar los recursos públicos. En los próximos meses, se espera que sigan surgiendo nuevos anuncios relacionados con la reducción de personal y la reconfiguración de dependencias estatales.

La reestructuración de la DGI forma parte de una serie de ajustes que el Gobierno tiene previstos. Fuente: (X)
Este tipo de decisiones genera un intenso debate, ya que, mientras algunos defienden la necesidad de reducir el tamaño del Estado y modernizar su funcionamiento, otros advierten sobre los posibles efectos negativos en la calidad de los servicios públicos y el empleo en el sector estatal.