El Gobierno nacional autorizó la privatización total de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de rampa en 21 aeropuertos del país. La decisión quedó oficializada con el Decreto 198/2025, publicado en el Boletín Oficial. Forma parte del plan de desregulación y apertura del mercado aerocomercial impulsado por el Ministerio de Economía. La medida implica la venta del 100% de las acciones mediante licitación pública nacional e internacional, sin preferencias ni programas de propiedad participada para los trabajadores.
Intercargo, creada en 1961, se encarga de la atención en tierra de aeronaves, el traslado de pasajeros y la manipulación de equipajes y cargas. Desde 1990, tiene la concesión exclusiva en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, ampliando luego su presencia a otras terminales hasta alcanzar su actual cobertura. A pesar de prestar servicios a la mayoría de las aerolíneas comerciales del país, en el período 2020-2023 recibió asistencia estatal por $6700 millones para sostener sus operaciones.
El Gobierno nacional autorizó la privatización total de Intercargo. Fuente: (X).
Desde principios de 2024, el Gobierno dejó de aportar financiamiento a la empresa. Según el decreto, la falta de recursos y la necesidad de inversiones para modernizar la infraestructura hacen inviable su continuidad bajo gestión estatal sin nuevos desembolsos públicos. En este contexto, la privatización busca fortalecer el sector con nuevos actores que aporten capital y mejoren la calidad del servicio en un mercado competitivo.
La privatización busca fortalecer el sector con nuevos actores que aporten capital. Fuente: (X).
La decisión se enmarca en la Ley 27.742, que habilitó la privatización de Intercargo y otras empresas públicas. El objetivo es liberar de interferencias estatales al sector aeroportuario, permitir la participación de operadores privados y mejorar las prestaciones a los usuarios. El proceso será coordinado por el Ministerio de Economía, con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas como unidad ejecutora. Además, la medida contempla la rescisión del contrato de concesión vigente desde 1990 antes de la transferencia del paquete accionario.
La decisión se enmarca en la Ley 27.742, que habilitó la privatización de Intercargo y otras empresas públicas. Fuente: (X).
El decreto también establece que la privatización no debe afectar la continuidad del servicio de rampa, considerado esencial según el Código Aeronáutico. La normativa vigente garantiza la prestación bajo principios de seguridad, libre competencia y acceso al mercado. A su vez, la medida se alinea con el Decreto 599/2024 y la Resolución 49/2024 de la Secretaría de Transporte, que regulan el funcionamiento de los servicios aeroportuarios en un esquema de competencia y sin regulaciones tarifarias, salvo excepciones específicas.