El fallo judicial en torno a YPF sumó un nuevo capítulo. El Gobierno argentino presentó un escrito ante la jueza neoyorquina Loretta Preska, solicitando que suspenda la orden emitida el lunes pasado, que obliga al Estado a entregar el 51 % de las acciones de la petrolera a los fondos Burford y Eton Park. Esta medida busca frenar la ejecución hasta que la Cámara revisora se expida sobre el fondo del conflicto.
YPF volvió al centro de la escena luego de que la jueza Preska estableciera que Argentina debe pagar US$16.100 millones por la expropiación realizada en 2012. Como parte del fallo, ordenó la transferencia del control accionario, lo que generó preocupación en el Gobierno, que considera que la decisión puede causar daños irreparables si se concreta antes de que haya una resolución definitiva.
El Gobierno argentino presentó un escrito ante la jueza neoyorquina Loretta Preska. Fuente: (X)
En el documento, los abogados del Estado remarcaron que Preska habría excedido su jurisdicción y que no puede ordenar a un país soberano entregar activos que, además, están registrados en la Caja de Valores. También argumentaron que cualquier movimiento de ese tipo debe pasar por el Congreso argentino, donde se necesitarían dos tercios de los votos para aprobarlo.
“Preska está invadiendo una jurisdicción. No puede ordenarle algo a un Estado y las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores”, señalaron.
La jueza Preska estableció que Argentina debe pagar por la expropiación de YPF. Fuente: (X)
El equipo legal del Gobierno consideró que “esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”. Además, señalaron que si los fondos tomaran control de las acciones y decidieran venderlas, sería muy difícil revertir esa situación en caso de un fallo favorable al país en la apelación: “Tenemos expectativas razonables”.
En el documento, los abogados del Estado remarcaron que Preska habría excedido su jurisdicción. Fuente: (X)
En paralelo, el estudio jurídico estadounidense Sullivan & Cromwell continúa representando al país en Nueva York, mientras que en Argentina la causa de YPF es seguida de cerca por Juan Ignacio Stampalija, un especialista en arbitrajes internacionales que quedó al frente del caso tras la excusación del procurador Santiago Castro Videla.