En un nuevo capítulo del juicio por la expropiación de YPF, el Estado argentino presentó sus argumentos ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York para evitar la entrega del 51% de las acciones de la petrolera. El objetivo es frenar esa transferencia de manera definitiva, sin ofrecer garantías, hasta que se resuelva si la Argentina debe pagar una indemnización millonaria por cómo llevó adelante la estatización en 2012.
Este conflicto legal se basa en un fallo de primera instancia que ordena a la Argentina pagar más de 17.500 millones de dólares, y que ahora se encuentra bajo revisión. Mientras tanto, el país busca que se suspenda la ejecución de esa sentencia, que implicaría entregar el control mayoritario de YPF.
Juicio por YPF: el Estado argentino presentó sus argumentos ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York. Fuente: (X)
La presentación ante el tribunal incluyó distintos puntos técnicos, como la defensa de la inmunidad soberana de Argentina y la ubicación de las acciones, que están depositadas en el país y no en Estados Unidos. También se cuestionó la interpretación de la ley local que hizo la jueza Loretta Preska, autora del fallo original, y se remarcó que los demandantes no demostraron un daño real por suspender la entrega de los activos.
Según los abogados que representan al Estado, avanzar con la ejecución afectaría gravemente los intereses públicos, ya que pondría en riesgo el control estatal de YPF, además de generar conflictos diplomáticos y comerciales con otros países, incluyendo a Estados Unidos. El Gobierno norteamericano incluso presentó un escrito a favor de la postura argentina, señalando los riesgos que implicaría para su propia legislación.
El Estado argentino cuestionó la interpretación de la ley local que hizo la jueza Loretta Preska. Fuente: (X)
Además, no solo está en juego el destino de la mayor empresa energética del país, sino también, el prestigio jurídico de Argentina y su relación con los mercados internacionales.
Según los abogados que representan al Estado, avanzar con la ejecución afectaría gravemente los intereses públicos. Fuente: (X)
Desde la Procuración del Tesoro dejaron en claro que, si el tribunal rechaza el pedido de suspensión, apelarán directamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos. La definición de este caso marcará un precedente clave sobre cómo se interpretan las expropiaciones estatales y los límites de la justicia extranjera sobre empresas como YPF.