El Gobierno nacional oficializó un cambio en las reglas de funcionamiento de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa encargada de proveer agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A través del Decreto 493/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se permite cortar el suministro por falta de pago, algo que no ocurría desde hacía casi veinte años.
La decisión marca un nuevo avance en el proceso de privatización de AySA, en línea con los planes del Ejecutivo de abrir la puerta a capitales privados. El decreto argumenta que el esquema actual ya no es capaz de responder a las necesidades: “La estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”.
El Gobierno nacional oficializó un cambio en las reglas de funcionamiento de AySA. Fuente: (X)
Uno de los puntos más llamativos de la norma es que, a partir de ahora, AySA podrá interrumpir el servicio a aquellos usuarios que acumulen deudas, siempre respetando las condiciones que se establezcan en los futuros contratos de concesión. Además, la empresa tendrá mayor margen para auditar obras y utilizar sus ingresos como garantía para acceder a financiamiento privado.
"Resulta pertinente adoptar con celeridad medidas que permitan viabilizar urgentemente las inversiones necesarias y garantizar la mejora sostenida en las condiciones de prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales", afirma el decreto presidencial.
A través del Decreto 493/2025, se permite cortar el suministro por falta de pago. Fuente: (X)
El decreto también ordena una reorganización del vínculo entre los entes que regulan el servicio. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA) deberán cooperar y podrán ser convocados para resolver cuestiones técnicas. A su vez, se crea un Plan Director de Mejora Estratégica que establecerá las obras prioritarias a realizar, aunque su carácter será meramente orientativo.
Otra novedad es la reconfiguración societaria de AySA. Con esta medida, se habilita por primera vez la posibilidad de vender parcial o totalmente las acciones que hoy están en manos del Estado. El Ministerio de Economía queda como principal accionista, con el 90 % del capital social, y el resto sigue en manos de los empleados que participan del Programa de Propiedad Participada.
Se habilita la posibilidad de vender parcial o totalmente las acciones que hoy están en manos del Estado. Fuente: (X)
El decreto también establece un período de transición de cinco años para aplicar gradualmente el nuevo régimen regulatorio. El texto fue firmado por el presidente Javier Milei, en acuerdo general de ministros. Asimismo, se notificó a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, como lo exige la Ley 26.122.