El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido acelerar el proceso de transferencia al sector privado de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con la meta de que el gobierno publique los pliegos de licitación en el Boletín Oficial entre febrero y marzo de este año. Según una nota de TN, la iniciativa busca que el Estado se desprenda de su capital accionario antes de que concluya el primer trimestre de 2026, cumpliendo con el mandato establecido en la Ley Bases.
Actualmente, el oficialismo posee el 90% del capital social de la firma, mientras que el 10% restante pertenece a los trabajadores y el objetivo es que un inversor privado adquiera, como mínimo, el 51% para asumir el control mayoritario de AySA. Todo excedente de acciones que no se adjudique formalmente será puesto a disposición del mercado bursátil para completar el saneamiento de la entidad.
El pliego para privatizar AySA exige experiencia previa en servicios públicos.
Para garantizar que la compañía de aguas resulte atractiva y captar ofertas competitivas, la administración central ya ha ejecutado un Plan de Acción de Transición (2024-2026) destinado a optimizar las condiciones operativas antes de su venta. En cuanto a los posibles adquirentes, el pliego exigirá que los participantes demuestren experiencia probada en servicios públicos.
La prestadora de saneamiento será controlada por entes reguladores tras su venta.
Hasta el momento, el interés preliminar para operar AySA se concentra en el grupo local Roggio y en las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamento, aunque el Estado mantiene bajo reserva el listado definitivo de interesados.
El gobierno busca un socio mayoritario para operar la compañía de aguas.
Una vez concretado el traspaso, la supervisión quedará bajo la órbita de dos organismos. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) verificará tarifas y calidad, mientras que la Agencia de Planificación (APLA) fiscalizará las inversiones de la prestadora de saneamiento. Esta privatización de la empresa pública se enmarca en una estrategia de reforma estatal que incluye a Intercargo y Belgrano Cargas, todas bajo procesos de desestatización para el presente ejercicio.