Este miércoles, la Justicia de Argentina confirmó que avanzarán con el juicio oral y público contra sindicalistas del gremio de Camioneros debido a un episodio que se dio hace algunos años. Sin ir más lejos, bloquearon los accesos a una empresa en 2021 para que no puedan trabajar con normalidad y eso derivó en un escándalo judicial.
El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dio lugar al reclamo del empresario Carlos Dos Reis, quien había denunciado la protesta del gremio como un acto violento y extorsivo que afectó la actividad de la firma. El conflicto fue el 10 de mayo de aquel año, cuando unas diez personas llegaron al depósito de la empresa en autos particulares y desplegaron una bandera con la inscripción "Sindicato de Camioneros Delegación Monte Grande".
Según relató el denunciante, los manifestantes impidieron el ingreso de trabajadores y la salida de camiones, bajo la consigna: "Hoy no se mueve nadie". La medida se extendió durante varios días, con más activistas sumándose al bloqueo. Incluso, se denunciaron pérdidas millonarias tanto para Química Oeste como para el sector petrolero en general, debido a la falta de insumos.
Esta bandera fue colgada en la entrada de Química Oeste por Camioneros.
Inicialmente, el Juzgado de Garantías N.° 2 de Lomas de Zamora ordenó la elevación a juicio oral contra Néstor Fabián Arévalo, secretario general de la Delegación Monte Grande de Camioneros, junto a otros dirigentes y empleados vinculados a la protesta. Sin embargo, en instancias posteriores, la Cámara de Apelaciones y el Tribunal de Casación revocaron esa medida y sobreseyeron a los imputados, al entender que no se habían acreditado conductas violentas dirigidas a perturbar la actividad. La Suprema Corte bonaerense también desestimó los planteos de la querella.
El empresario, defendido por la abogada María Florencia Arietto, llevó el caso ante la Corte Suprema de la Nación, argumentando que se había aplicado una interpretación arbitraria del derecho a huelga por parte del sindicato, afectando garantías constitucionales como el derecho al trabajo, la libre industria y la inviolabilidad de la propiedad privada. El máximo tribunal coincidió con esos planteos y criticó el "rigor formal injustificado" de las instancias anteriores, en una resolución que remitió al precedente "Uzcátegui Matheus" de 2016, donde se había cuestionado la falta de tratamiento de argumentos esenciales por parte de la Justicia.
Desde ese episodio, se han generado muchos incidentes al respecto.
La Justicia estiró el secreto de sumario en la causa por coimas
El juez federal Sebastián Casanello decidió prorrogar por diez días el secreto de sumario en la causa por presuntas coimas en la ANDIS, medida solicitada por el fiscal Franco Picardi para proteger la investigación. Con esta decisión, los imputados siguen sin acceso al expediente mientras se evalúan planteos de nulidad presentados por los empresarios Jonathan y Emmanuel Kovalivker.
Además, Casanello procesó al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel de Vicentis, por obstruir los allanamientos en el barrio privado. El magistrado sostuvo que existió un “procedimiento obstructivo” para entorpecer el accionar policial y consideró que el directivo incumplió con su deber de colaboración.