La senadora nacional salteña Emilia Orozco se sumó al debate por el cierre de la histórica fábrica de neumáticos FATE, que dejó a 920 trabajadores sin empleo. En medio de las críticas opositoras, la legisladora de La Libertad Avanza negó que exista un cierre masivo de empresas y puso el foco en las inversiones que se concretaron durante los últimos dos años de gobierno mileista.
En declaraciones a TN, la legisladora resaltó el acuerdo entre YPF, Eni y XRG para desarrollar un proyecto de GNL en Vaca Muerta, con una inversión inicial de 30 mil millones de dólares. A su vez, la senadora no evitó mencionar el desembarco de Río Tinto en la minería, como parte de las megainversiones que, según ella, demuestran la confianza que tienen las empresas con la gestión actual.
Orozco aclaró que los beneficios no se limitan a las grandes compañías, sino que también alcanzan a las pymes: "Mucha gente cree que las reformas son para las megaempresas, pero también incluyen a las pequeñas y medianas". Esto lo manifestó al remarcar la importancia de la reconversión productiva.
La senadora destacó el acuerdo de YPF, Eni y XRG.
Emilia Orozco sostuvo que los cierres de negocios no deben interpretarse como un colapso generalizado, ya que en muchos casos se trata de procesos de transformación. "Cuando un negocio cierra, a los días reabre con otro oficio. No demonicemos que todo está quebrando", afirmó, defendiendo la política económica del oficialismo.
FATE cerró y generó distintas reacciones en el Gobierno Nacional.
El presidente Javier Milei se sumó al discurso de la senadora y se refirió al caso Fate vinculándolo con el debate ideológico sobre el liberalismo. En redes sociales, escribió que la situación permite diferenciar entre ser "promercado" y "proempresa", en un mensaje que refuerza la postura del Gobierno frente a las críticas por el impacto social del cierre.
El Gobierno apeló el fallo que restituye la pensión a Cristina Kirchner
Cristina Kirchner fue beneficiada con su pensión por viudez nuevamente.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Anses, presentó un recurso extraordinario federal contra la sentencia que ordenó devolver la pensión por viudez a Cristina Kirchner. El Gobierno argumentó que la decisión judicial altera disposiciones legales y sostuvo que "es inexistente el derecho alimentario afectado".
La Cámara Federal de la Seguridad Social había habilitado a la expresidenta a volver a percibir el beneficio, que rondaba los $8 millones mensuales. En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron el decomiso de más de 140 bienes vinculados a Kirchner y Lázaro Báez en la causa Vialidad.