El gobierno nacional iniciará esta semana una serie de encuentros estratégicos con gobernadores para resolver el conflicto por el financiamiento de las cajas jubilatorias no transferidas, un paso previo considerado esencial antes de avanzar con la reforma política. El ministro del Interior, Diego Santilli, será el interlocutor central de estas gestiones, que incluyen tanto reuniones en la Casa Rosada como visitas oficiales a los distintos distritos.
Desde el oficialismo se plantea este movimiento como una forma de ordenar el frente fiscal con las trece provincias que conservan sus sistemas previsionales locales, luego de que en 2024 se suspendieran las transferencias automáticas bajo la premisa de realizar auditorías técnicas a través de la ANSES para precisar el déficit real que el Estado debe compensar.
El oficialismo busca garantizar apoyos legislativos mediante acuerdos fiscales inmediatos.
A través de un análisis de TN sobre las negociaciones entre Balcarce 50 y los gobernadores, se observa que, a diferencia del escenario de finales del año pasado, seis provincias ya han formalizado acuerdos parciales o esquemas de financiamiento anticipado para sus cajas jubilatorias. Entre ellas se destaca Córdoba, que tras pactar un flujo mensual de $5.000 millones en mayo de 2025, recibió recientemente la confirmación por parte del ministro Luis Caputo, de que dicho monto se duplicará a partir de mayo de 2026.
Otros distritos con convenios sellados incluyen a Entre Ríos y Chaco, con adelantos por $48.000 millones y $40.000 millones respectivamente, además de La Pampa, Neuquén y Misiones, esta última con una suscripción reciente en marzo de 2026 para comenzar a percibir parte de las deudas acumuladas de estas estructuras de retiro provinciales. En el Ejecutivo aseguran que el ritmo de los futuros convenios estará estrictamente ligado al resultado de las revisiones contables que hoy se encuentran en curso.
Seis provincias ya suscribieron convenios para regularizar el flujo mensual.
En contraste, la situación de Santa Fe permanece como uno de los puntos de mayor tensión en la mesa de negociaciones por las cajas jubilatorias. La administración santafesina desestimó las propuestas previas de la Casa Rosada al considerarlas escasas y mantiene vigente su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia, sosteniendo que la regularización del flujo previsional es la premisa básica para restablecer un vínculo político fluido.
Santa Fe sostiene el reclamo judicial por el flujo previsional.
Por su parte, el equipo técnico nacional monitorea de cerca el vencimiento de los plazos de auditoría de los ejercicios 2019-2024, un proceso que permitiría conciliar las cifras definitivas de las cajas jubilatorias. Mientras se espera la presentación de la reforma política para este martes, se utilizan estos acuerdos económicos como una herramienta para garantizar la estabilidad de las metas del Tesoro sin descuidar la gobernabilidad en el Congreso.