Con el propósito de consolidar mayorías legislativas, el Ministerio del Interior retomó esta semana la agenda de negociaciones bilaterales con mandatarios de las provincias. El titular de la cartera, Diego Santilli, encabezó encuentros en la Casa Rosada con los gobernadores Claudio Poggi, de San Luis, y Juan Pablo Valdés, de Corrientes, con el fin de garantizar el respaldo a un paquete de reformas estratégicas que el Poder Ejecutivo impulsa en el Congreso.
Esta reactivación del canal político ocurre en la antesala de la sesión convocada para este miércoles, donde se debatirá la modificación de la Ley de Glaciares, considerada una prueba fundamental para medir la capacidad de construcción de consensos del oficialismo en un escenario parlamentario fragmentado.
La reforma de la Ley de Glaciares será el primer test.
La estrategia de la gestión de Javier Milei busca recuperar la iniciativa institucional tras un período marcado por controversias sobre activos no declarados, la causa judicial Libra y cuestionamientos por el acceso de funcionarios a créditos hipotecarios preferenciales. Durante las reuniones, los mandatarios de estas jurisdicciones plantearon necesidades específicas, como la extensión de concesiones viales en la Ruta Nacional 7 en el caso de San Luis, mientras se repasaban iniciativas vinculadas a la propiedad privada, el régimen penal para delitos migratorios y la normativa sobre tierras rurales.
Estas provincias han resultado determinantes en votaciones previas de alto impacto, como la reforma laboral y la Ley Bases, posicionándose nuevamente como aliados estratégicos para evitar interpelaciones y avances de comisiones investigadoras.
San Luis y Corrientes consolidan su rol como aliados estratégicos.
A la par de estas gestiones políticas, el Gobierno oficializó un esquema de asistencia financiera que permite el giro de adelantos de coparticipación por un monto de hasta $400.000 millones destinados a doce estados provinciales. Según relevamientos técnicos difundidos por el diputado Guillermo Michel, las provincias enfrentan una situación fiscal compleja, con una caída real del 6,3% en los recursos coparticipados durante el primer trimestre de 2026.
Los adelantos de coparticipación mitigan el rojo fiscal de las provincias.
Ante la merma de transferencias nacionales y una recaudación propia que muestra estancamiento, los anticipos de fondos se consolidan como la principal fuente de liquidez para las provincias. De esta manera, la administración central busca equilibrar las urgencias financieras de las gobernaciones con la necesidad de asegurar los votos clave que permitan avanzar con la agenda legislativa oficial.