El Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, dispuso este martes la conciliación obligatoria en el marco del litigio laboral que enfrenta a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La resolución oficial establece un periodo de tregua de quince días que entrará en vigencia a partir de este miércoles 18 de marzo, con el fin de neutralizar el paro de una semana que los controladores aéreos pretendían realizar en más de 27 terminales aéreas del país.
Según el comunicado de la cartera nacional, la medida obliga a la organización sindical y a sus representados a suspender cualquier acción directa, exigiendo la prestación de servicios de forma habitual para asegurar la conectividad y el interés general. Asimismo, se instruyó a la ANAC a evitar cualquier tipo de represalia y a retrotraer las condiciones laborales al estado previo al inicio de la disputa.
La resolución oficial asegura la conectividad en las terminales aéreas.
La huelga, anunciada originalmente el 12 de marzo, estaba programada para ejecutarse en dos franjas horarias diarias entre el 18 y el 24 de este mes, afectando la programación de decenas de vuelos comerciales y permitiendo únicamente la operación de traslados sanitarios, oficiales y humanitarios por parte de los controladores aéreos. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fundamentó la protesta en el incumplimiento de los aumentos salariales acordados y lanzó duras críticas contra la gestión nacional, vinculando la situación de los sueldos estatales con los gastos de viajes oficiales al exterior de funcionarios del Ejecutivo.
Capital Humano insta al diálogo para destrabar el conflicto salarial.
Desde el sindicato se advirtió que cualquier inconveniente en la programación aérea sería responsabilidad exclusiva del Gobierno, remarcando que la falta de remuneraciones dignas atenta contra la existencia misma de las funciones del Estado y la labor de los especialistas en tráfico aéreo.
En las horas previas a la confirmación de la medida oficial, el escenario estuvo marcado por una fuerte tensión administrativa. El gremio acusó a las autoridades de incurrir en conductas antisindicales y de no informar debidamente sobre la protesta a pilotos y pasajeros, amenazando incluso con iniciar acciones penales por incumplimiento de deberes de funcionario público que afecten a los controladores aéreos. No obstante, el Ministerio de Capital Humano ratificó su postura en favor del diálogo social para alcanzar acuerdos que preserven la paz social.
El gremio estatal cuestionó el retraso en los aumentos acordados.
Con la vigencia de esta normativa, ambas partes quedan sujetas a una instancia de negociación formal donde deberán buscar una salida al conflicto salarial, mientras el funcionamiento de los aeropuertos del país recobra la normalidad operativa bajo la supervisión de los operadores de torre de control prevista por el marco legal vigente.