El procesamiento del cabo primero Héctor Jesús Guerrero quedó firme tras una resolución clave que valida su responsabilidad en las graves lesiones sufridas por Pablo Grillo. La Justicia penal desestimó los planteos de la defensa del gendarme, consolidando la acusación por el episodio violento registrado el 12 de marzo de 2025 en las inmediaciones del Congreso. En aquella jornada, mientras se desarrollaba una protesta de jubilados, el fotoperiodista fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno en plena tarea profesional, un hecho que ahora se encamina a las etapas finales del proceso judicial.
De acuerdo con la reconstrucción judicial citada por Infobae, la Sala II del tribunal, conformada por Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, desestimó el recurso de queja de la defensa, validando así lo resuelto previamente por la Cámara Federal porteña y dejando firme un embargo de 203 millones de pesos sobre los bienes del uniformado.
La Sala II declaró inadmisible el recurso de la defensa.
Guerrero enfrenta cargos por lesiones gravísimas que fueron agravadas debido a su rol como miembro de una fuerza de seguridad, sumado al abuso reiterado de armas en cinco ocasiones. La reconstrucción judicial, basada en registros de drones, filmaciones periodísticas y peritajes balísticos que los magistrados consideraron complementarios, determinó que el gendarme disparó seis veces una pistola lanzagases desde la intersección de Hipólito Yrigoyen y Solís.
El cuarto de esos disparos, efectuado a una distancia de aproximadamente 50 metros, alcanzó a Pablo Grillo mientras se encontraba agachado detrás de una estructura de madera. Según el Cuerpo Médico Forense, el impacto del cartucho calibre 38 mm le provocó a la víctima del impacto una fractura expuesta de cráneo y hematomas intracraneales que pusieron en peligro su vida.
Peritajes balísticos y registros fílmicos confirmaron la secuencia de disparos.
En instancias anteriores, los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico señalaron que el tiro se realizó de manera antirreglamentaria, apuntando de forma horizontal hacia los manifestantes. La justicia rechazó los argumentos de la defensa, que alegaba una trayectoria errática del arma, advirtiendo que la repetición de los disparos evidenciaba un patrón de conducta deliberado hacia Pablo Grillo.
La causa continuará su trámite ante la jueza María Servini.
Boico subrayó que el imputado conocía el potencial ofensivo del equipo y que, al disparar contra el grupo, generó un riesgo concreto de manera consciente hacia el cronista lesionado. Tras este fallo de Casación, el expediente regresará al juzgado de María Servini para continuar su trámite, aunque la defensa mantiene la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso extraordinario