Durante el año 2025, el 57,6% de los hogares inquilinos en Argentina debió implementar estrategias financieras, como el uso de ahorros o el endeudamiento, para sostener sus necesidades básicas según un reciente informe. Esta cifra representa un incremento significativo respecto al 46,2% detectado en 2022, evidenciando una presión creciente sobre los ingresos familiares para costear el alquiler.
Según un relevamiento de la Fundación Tejido Urbano, citado por TN, se produjo un cambio estructural en el comportamiento económico de los hogares, donde el uso del crédito bancario para afrontar el costo de la vivienda saltó del 10,6% al 18,1%. Este fenómeno indica que el alquiler se ha transformado en un gasto rígido que, tras haber agotado instancias de ajuste como la reducción de superficie o el cambio de localización, obliga a las familias a postergar consumos esenciales en alimentación, salud y educación para evitar la mora financiera.
Los hogares destinan una porción creciente de ingresos a la vivienda.
El investigador de la Fundación Tejido Urbano, Matías Araujo, advirtió que la financiación de la vivienda mediante el crédito genera una espiral de insolvencia de alto riesgo. Al ser compromisos bancarios ineludibles, las familias optan por recortar rubros flexibles de su vida cotidiana para cumplir con las obligaciones crediticias derivadas de su arrendamiento.
Financiar alimentos con crédito se vuelve una práctica habitual.
Esta situación es particularmente crítica en los grandes centros urbanos como el AMBA y la Ciudad de Buenos Aires, donde la necesidad de recurrir a auxilio financiero para pagar el alquiler supera el promedio nacional, alcanzando niveles de hasta el 69,7%. Araujo señaló que la incorporación del costo habitacional en las mediciones de vulnerabilidad podría duplicar los índices de pobreza en zonas metropolitanas, reflejando un desfasaje persistente entre los salarios y el costo de vida.
Desde el sector de representación de los inquilinos, las perspectivas coinciden en la gravedad del panorama. Gervasio Muñoz, referente de la Federación de Inquilinos Nacional, planteó que el endeudamiento para sostener el techo suele ser el paso previo al traslado a viviendas más precarias o el regreso a hogares familiares, proceso que Katy Chiappa, de la Asociación Platense de Inquilinos, denominó como auto desalojo.
El costo de los servicios impulsa el pedido de préstamos personales.
Chiappa puntualizó que los costos de ingreso a una nueva locación habitacional, que pueden alcanzar los $2 millones, mantienen a las familias en un estado de empobrecimiento generacional sin capacidad de ahorro. Ante este escenario, mientras desde los sectores de estudio proponen soluciones estructurales sobre el suelo y el empleo, las organizaciones de inquilinos reclaman la declaración de una emergencia habitacional y la regulación de precios del alquiler para frenar el deterioro de la calidad de vida.