A partir del pasado 1 de enero el pase sanitario para realizar ciertas actividades comenzó a ser obligatorio a lo largo de todo el territorio de la Argentina, lo cual trajo consigo un sinfín de polémicas por quienes se oponen a su uso.
Uno de los alcances de la nueva medida que resolvió la Provincia de Neuquén es la movilidad entre ciudades. Por esa razón, un hombre de Los Lagos presentó un habeas corpus para poder ir de un distrito a otro sin necesidad de tramitar el pase sanitario.

El certificado funciona principalmente para asistir a eventos masivos.
El ciudadano que utilizó la acción de amparo había argumentado que era víctima de “avasallamientos” a sus “derechos y libertades” en una situación laboral debido al requerimiento de un pase sanitario para ingresar a la ciudad de Villa La Angostura.
Sin embargo, el jefe fiscal de San Martín de los Andes, Fernando Rubio, desestimó el recurso ya que consideró que el mencionado planteo “no encuadra en ningún supuesto de procedimiento previsto por la Ley 23.098”.

El magistrado indicó que la restricción "está regida dentro de las reglas del derecho del trabajo".
“El desacuerdo con las reglas en el ámbito laboral o con las disposiciones del Estado no son situaciones previstas en esta acción de amparo específica, que es el habeas corpus”, señaló la resolución del juez en rechazo del documento del vecino.
Sandra Pitta, otra persona que presentó un habeas corpus contra el pase sanitario
No solo en la Provincia de Neuquén se presentó un habeas corpus contra el pase sanitario, ya que Sandra Pitta hizo lo mismo ante la Cámara Criminal y Correccional Federal de Comodoro Py para intentar que la disposición nacional quede sin efecto.

El documento sostiene que "es una expresión de la utilización de la fuerza monopolizada por el Estado como primera opción".
En la presentación, la científica argumenta que “es arbitrario que se impongan verdaderas sanciones a las personas que no se han vacunado, cuando es el Estado quien actúa deficientemente en la generación de condiciones de credibilidad”.
A su vez, la ex candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio sentenció que la medida “es un uso de la fuerza motivado en el 'no saber' y 'no contar con información precisa'” y viola ciertos derechos y la autonomía de las personas.