Tres exfuncionarios provinciales fueron imputados por la millonaria estafa con planes sociales en el Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén. El director general de Gestión de Planes Sociales, Ricardo Soiza; el director de Fiscalización, Néstor Pablo Sanz, y el responsable de Gestión de Programas, Marcos Ariel Ozuna, fueron detenidos con prisión preventiva por decisión del juez de Garantías, Cristian Piana, por un período de cuatro meses.
En la audiencia judicial, realizada el pasado lunes en la ciudad judicial, los tres delincuentes encargados de administrar fondos públicos para personas en situación de vulnerabilidad ingresaron a la sala esposados y con custodia. Se trata de un procedimiento idéntico al que aplican para individuos vinculados a causas penales.
Ricardo Soiza ingresa a la sala de audiencias. Fuente: (Florencia Salto - Diario Río Negro)
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, Ricardo Soiza fue señalado como jefe de la organización que operaba la estafa con los planes sociales, mientras que Néstor Pablo Sanz y Marcos Ariel Osuna eran sus colaboradores.
El fiscal de caso Juan Manuel Narváez planteó que Soiza, Sanz y Osuna realizaron una serie de maniobras para entorpecer la evolución de la causa. Se eliminaron elementos de prueba y amedrentaron a otras personas vinculada a la operación fraudulenta. Esta situación fue el principal argumento del fiscal para solicitar al magistrado que el plazo de la medida cautelar sea de ocho meses y no de cuatro, como dio lugar el juez Piana.
Sanz y Osuna fueron señalados como colaboradores de Soiza. Fuente: (Florencia Salto - Diario Río Negro)
Narváez relató que, entre junio y julio de 2023, cuatro personas imputadas se presentaron en el Ministerio Público Fiscal y afirmaron haber sufrido maniobras de “manipulación y amedrentamiento” por parte de los imputados y del abogado, Alfredo Cury, que originalmente los representó. La renuncia del representante legal atrasó la realización de la audiencia.
Los arrepentidos aseguraron haber cumplido órdenes por temor a perder su cargo en planta política en la dependencia. También, contaron que, en la noche previa a los primeros allanamientos del 2023, Osuna fue a sus casas y les pidió sus computadoras y celulares y mencionaron la realización de encuentros en la propia vivienda de Cury. El fiscal describió que en esas reuniones los implicados les pedían que no hablaran y les aseguraban que la causa por la estafa con los planes sociales no iba a avanzar.