La mega causa de estafas con planes sociales sumó un nuevo capítulo, esta vez determinado por la justicia. A pedido del fiscal, Pablo Vignaroli, la jueza de garantías interviniente resolvió que Ricardo Soiza y Marcos Ariel Osuna continúen detenidos por seis meses más.
Ambos son sospechosos principales de haber liderado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración de los planes sociales a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén. En una nueva audiencia, Vignaroli solicitó la prorroga ante el vencimiento de la prisión preventiva.
Uno de los imputados, Ricardo Soiza. Fuente: (Radio 3).
La teoría del caso, que lleva adelante la fiscalía alcanza a un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes se les imputó haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración mediante el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de debito.
A raíz de la investigación llevada adelante, se planteó distintos niveles de responsabilidad en los que pone como líderes a Ricardo Souza que ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; y a Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo.
Los fiscales del caso. Fuente: (MPF).
Junto a ellos también fueron ubicados el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca; el excoordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler; y a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social. Desde que fueron involucrados a la causa, Sanz permanece detenido con prisión domiciliaria; mientras que Di Luca y Siengentharler no tienen medidas cautelares vigentes.
El Ministerio Público Fiscal indicó que hay otros 26 imputados e imputadas -entre particulares; empleados y empleadas del Ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda- con distintos niveles de participación en la maniobra.
Parte de los acusados. Fuente: (Diario Neuquino).
El nuevo pedido del fiscal tuvo el visto bueno de la jueza de garantías y otorgó la extensión de la preventiva por seis meses más pese a la oposición de las defensas, que solicitaron que la detención pasara al régimen domiciliario. La resolución contó con la adhesión de la fiscalía de Estado.