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JUDICIALES

Estafa con planes sociales: ratificaron prisión preventiva para Soiza y Osuna

No obstante, la Justicia redujo el plazo de la medida a dos meses, en lugar de los seis que había dispuesto la jueza y que la Fiscalía pidió ratificar.

José Domínguez
José Domínguez
Ricardo Soiza (der.). Fuente: (Diario Río Negro)
Ricardo Soiza (der.). Fuente: (Diario Río Negro)

La Justicia ratificó la prisión preventiva que ya cumplen Ricardo Soiza y Marcos Ariel Osuna por la estafa con planes sociales, urdida desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, donde ambos cumplían funciones de dirección.

La decisión se produce tras un pedido hecho por el fiscal de Delitos Económicos, Juan Narváez, que fue apoyado por dos de los magistrados. De esa forma, rechazaron la solicitud de pasar a un régimen domiciliario, hecha por las defensas, y ratificaron la prisión preventiva dispuesta por otra jueza de garantías el pasado 10 de noviembre.

 

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Juan Narváez, fiscal del caso. Fuente: (MPF)

No obstante, redujeron el plazo de la medida a dos meses, en lugar de los seis que había dispuesto la jueza a propósito de la estafa y que la Fiscalía pidió ratificar.

El fiscal Narváez recordó que las medidas cautelares dispuestas en la causa tienen que ver con la necesidad de neutralizar el riesgo de que los imputados entorpezcan la investigación, a través de  la destrucción u ocultación de evidencias o de que influyan sobre otras personas.

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La estafa se realizó a través del BPN.

El próximo viernes se abordará un pedido similar sobre el tercer detenido por esta causa, Néstor Pablo Sanz, quien también permanece con prisión preventiva.
 

Los imputados

Son tres los exfuncionarios imputados por la estafa con planes sociales: Ricardo Soiza, quien era director general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas de ese organismo.

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Ricardo Soiza y Marcos Ariel Osuna.

Para la Fiscalía, otros dos funcionarios califican como jefes de la asociación ilícita: el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y el excoordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.