Uno de los imputados en la millonaria estafa con dinero para planes sociales durante el gobierno de Omar Gutiérrez, Marcos Ariel Osuna, fue beneficiado con la prisión domiciliaria por haber cumplido el plazo límite de 18 meses para permanecer en prisión preventiva. También se extendió la prisión domiciliaria para el considerado jefe de esa asociación ilícita, Ricardo Soiza.
De acuerdo con lo informado por el área de prensa del TSJ “habiéndose cumplido los 18 meses que establece el Código Procesal como límite para una prisión preventiva en el caso de causas declaradas complejas, la fiscalía solicitó ante el juez de garantías Luis Giorgetti que Marcos Ariel Osuna pase a una modalidad de detención domiciliaria por el término de 6 meses. En la misma audiencia, la fiscalía solicitó la prórroga de la detención domiciliaria de Ricardo Soiza por el mismo plazo.
Marcos Osuna, entre los máximos responsables de la millonaria estafa. Fuente (Matías Subat)
La defensa de Osuna no se opuso al pedido de la fiscalía, pero consideró excesivo el plazo mientras que la defensa de Soiza solicitó la libertad del imputado, quien ya se encontraba con detención domiciliaria.
Giorgetti hizo lugar al pedido de la fiscalía y dictó la detención domiciliaria de Osuna y la prórroga de la detención domiciliaria de Soiza en los mismos términos en los que la venía cumpliendo. Teniendo en cuenta que la audiencia de control de la acusación se realizará el próximo 18 de febrero, dictó ambas medidas por un plazo de un mes y quince días a contar desde el 10 de enero. Además ordenó la colocación de tobillera electrónica para Osuna, rondines policiales sorpresivos y la prohibición de cualquier tipo de contacto por ningún medio con ninguno de los testigos de la causa.
Fiscal jefe Pablo Vignaroli. Fuente (MPF)
La investigación
La fiscalía que lidera Pabo Vignaroli centró la investigación en el período que va desde el 30 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2022 y se delimitaron roles y niveles de responsabilidad con los jefes en el primer nivel. En los niveles 2, 3, 4 y 5, se ubicó a colaboradores directos de los jefes, reclutadores de potenciales beneficiarios de planes sociales, cobradores (mediante tarjetas y cheques) y a quienes obtuvieron beneficios.
La causa tiene distintos niveles de responsabilidad, donde se pone como jefes a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. A los jefes iniciales, la fiscalía sumó luego en el rol de “jefes” de la organización a otros dos funcionarios de alto rango: el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.
A valores actuales, la estafa al Estado con dinero destinado a planes sociales asciende a más de 950.000.000 de pesos.