La investigación de la multimillonaria estafa con planes sociales en el ámbito del ministerio de Desarrollo Social de Neuquén tendrá una prórroga de dos meses para que llegue a su fin y los imputados sean llevados a juicio. La defraudación al Estado, consistente en el otorgamiento de planes sociales fantasmas, rondaría los 700 millones de pesos y tiene 27 imputados.
Este jueves se desarrolló la audiencia que había sido reprogramada el martes, en la que el fiscal Pablo Vignaroli solicitó a la jueza de Garantías Estefanía Sauli que le conceda otros dos meses de plazo para terminar la investigación, ya que aún faltan analizar dispositivos electrónicos.
El pedido de prórroga fue fundado en que en los dos meses le permitirán avanzar en la elaboración del requerimiento de elevación a juicio, bajo la calificación de defraudación a la administración pública y estafa mediante el otorgamiento de planes sociales fantasmas.
La audiencia se desarrolló en la Ciudad Judicial. Fuente: (MPF)
En la audiencia, Vignaroli estuvo acompañado por el fiscal Juan Manuel Narváez, especializado en Delitos Económicos, y la asistente Tanya Cid.
Cid se extendió en explicar las razones detrás de la solicitud de prórroga. Dijo que con la extensión solicitada, la investigación, que comprendió a más de 30 personas, demandó un año y diez meses desde su inicio. Argumentó que, desde la última prórroga concedida el 28 de noviembre de 2023, se recibió toda la información bancaria (los últimos informes fueron receptados el 2 de julio). El resto de los informes está en su la etapa final: las pericias caligráficas están en un 95%, la apertura de dispositivos electrónicos llegó al 95%, y las pericias contables en un 90%.
Pablo Vignaroli, jefe de la investigación fiscal. Fuente: (X)
Curiosamente uno de los defensores pidió que la prórroga se conceda, pero por cuatro meses más de investigación. Otro defensor anticipó que cuando la fiscalía tenga culminada la causa, solicitará más tiempo para estudiar todo el material probatorio del expediente.
Ante los planteos de los defensores, Vignaroli se opuso, argumentando que se trataría de una dilación innecesaria del proceso. “Toda la información que posee la fiscalía está en todo momento a disposición de las defensas. Incluso se dispuso en la mesa de entradas un servidor exclusivo para esta causa, para que quienes quieran acceder a la información que se va produciendo, puedan hacerlo”, informó.
Luego de analizar y desestimar otros pedidos de las defensas, la jueza de garantías hizo lugar a la prórroga que solicitó la fiscalía y la ordenó por 2 meses.
La causa tiene 27 imputados, entre ellos un exministro. Fuente: (Claudio Espinoza)
La causa, abierta en noviembre de 2023, cuenta con 27 imputados en la asociación ilícita. De ellos, solo dos están detenidos en un establecimiento penal con prisión preventiva prorrogada: Ricardo Soiza y Marcos Osuna. Néstor Sánz tiene prisión domiciliaria.
El ex ministro de Desarrollo Social, Abel De Luca, también está acusado de integrar la jefatura de la asociación ilícita que provocó una mega estafa al Estado por más de 700 millones de pesos durante el período 2020-2023, mediante el otorgamiento de planes sociales fantasmas.
El pedido de sobreseimiento para los “imputados colaboracionistas” Javier Vergara, Lucía Soto, Analía Scherer y Paola Zevallos quedó para una audiencia posterior.