En la mañana de este jueves, 10 de octubre, el gobierno nacional oficializó la venta de las acciones de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, todas situadas sobre el Río Limay. A través del decreto 895, no solo se anunció la venta del paquete accionario de estas instalaciones, sino que también se prorrogó por un año las concesiones actuales.
El decreto asigna la gestión de la venta a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada en julio bajo el decreto 644. Esta agencia, encabezada por Luis Caputo y coordinada por Diego Chaher, tendrá la responsabilidad de supervisar todos los aspectos del proceso, desde la documentación legal hasta la convocatoria a concursos públicos. Según el decreto, la Agencia deberá, en conjunto con la Secretaría de Energía, lanzar un Concurso Público Nacional e Internacional para vender la mayoría accionaria de cada central en un plazo de 180 días.
Represa El Chocon. Fuente: (X).
Las empresas estatales Enarsa y Nucleoeléctrica, que actualmente poseen acciones en estas represa, deberán transferirlas al ministerio de Energía para facilitar el proceso de venta. Al mismo tiempo, se otorgó una prórroga a las concesiones que actualmente están en manos de AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto, empresas que seguirán operando las represas por un año más.
Los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro ya manifestaron su interés en tener mayor control sobre estas represas, al argumentar que los recursos hidroeléctricos se encuentran en sus jurisdicciones. Cabe destacar que durante el gobierno de Alberto Fernández, se había planteado la posibilidad de implementar un esquema que permitiría la gestión estatal de estas instalaciones, aunque finalmente no prosperó.
Central Hidroeléctrica Alicura. Fuente: (X).
En un movimiento adicional, el gobierno derogó el decreto 19 de 2004, que otorgaba al Ministerio de Energía la facultad de designar directores o interventores en empresas con participación estatal. Esta medida reconfigura la estructura de gestión en estas compañías, allanando el camino para su privatización.
La venta de las represas del Río Limay marca un importante paso en la estrategia del gobierno nacional de transferir activos del sector público al privado, lo que genera controversia entre las autoridades provinciales y actores locales, que reclaman mayor participación en la gestión de estos recursos estratégicos.