El bloque de diputados de Unión por la Patria presentó en la Legislatura un proyecto de ley que busca fortalecer los mecanismos de transparencia y ética en la función pública provincial. La iniciativa contempla la creación de un Comité de Ética Pública y una Dirección Provincial Anticorrupción, con el objetivo de garantizar el control sobre las declaraciones juradas de los funcionarios, delimitar incompatibilidades laborales y sancionar conductas contrarias a la ética pública.
Entre las principales medidas, el proyecto establece que los funcionarios deberán abstenerse de utilizar recursos estatales para beneficio propio o de terceros, no intervenir en asuntos con posibles conflictos de intereses y evitar acumular cargos en el sector público. Asimismo, prohíbe a los integrantes del ámbito público recibir dádivas o regalos, salvo aquellos considerados de cortesía.
Darío Martínez, Diputado Provincial de Unión por la Patria. Fuente: (Prensa Unión por la Patria).
En materia de incompatibilidades, la normativa señala que funcionarios, empleados y autoridades electas no podrán formar parte de empresas proveedoras del Estado, ejercer la abogacía contra la provincia ni ocupar múltiples cargos públicos en simultáneo. Estas disposiciones buscan prevenir conflictos de interés y garantizar una administración pública más transparente y eficiente.
El Comité de Ética Pública tendrá la responsabilidad de recibir las declaraciones juradas de los funcionarios, así como de sus cónyuges y familiares directos. Estas serán de carácter público, aunque su acceso por parte de la ciudadanía requerirá una justificación previa. La falta de presentación de estas declaraciones será considerada una falta grave, con posibles sanciones como la suspensión. Además, el Comité deberá gestionar denuncias, investigarlas y elaborar un registro de sancionados.
El proyecto se presentó luego de la polémica surgida en la Legislatura. Fuente: (Prensa Legislatura).
Por otro lado, la Dirección Provincial Anticorrupción tendrá un rol preventivo, enfocado en promover acciones contra la corrupción y asegurar que las responsabilidades por faltas éticas sean efectivamente sancionadas. Este organismo será autónomo y estará compuesto por representantes de los tres poderes del Estado, un abogado designado por el Colegio de Abogados y un referente de organizaciones de derechos humanos.
El proyecto también propone derogar la Ley N.°5, vigente desde 1958, al argumentar que su marco normativo resulta insuficiente frente a los desafíos actuales. Según los fundamentos, la nueva propuesta busca establecer estándares modernos en transparencia y control ciudadano, señalando que la corrupción no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos al desviar recursos de los servicios esenciales.