La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) reiteraron el rechazo a la tasa vial que anunciaron los municipios de la región y la consideran “una medida inconstitucional”. La entidad recordó en un comunicado la decisión de tres municipios “de dejar sin efecto el cobro del impuesto a través del precio de los combustibles” y denunciaron que “es una medida inconstitucional y que va en contra de los intereses de los vecinos de cada ciudad”.
El nuevo tributo consiste en el cobro de 4,5 % del valor neto del combustible, que será girado a los municipios y contempla un beneficio para los estacioneros de un 2 % del valor total de las ventas. En la ciudad de Neuquén, la tasa vial “se empezará a cobrar en aproximadamente 10 días”, señaló el vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Río Negro y Neuquén, Carlos Pinto, y aseguró que “hay preocupación, por una posible baja en las ventas por la medida”.
Carlos Pinto, viceprsidente de la Cámara de Expendedores de Río Negro y Neuquén. Fuente: (Facebook).
Pinto consideró que si la tasa vial se aplica en la ciudad de Neuquén “la gente se correría hacia Centenario y otros municipios vecinos para buscar combustible más barato”, lo cual produce una diferencia entre municipio y traería perjuicios, señaló. Aseguró que “es incómodo tener que decirle al consumidor lo que se le va a cobrar”, ya que no es generalizado, sino que se cobra en municipios puntuales.
Las organizaciones de expendedores sostienen que el cobro del nuevo tributo les generará un trabajo administrativo adicional y remarcaron que “a pocos días de que se implemente, todavía no conocen la reglamentación". “Lo último que conocíamos, es que faltaba redactar la reglamentación”, dijo Pinto y se enteraron por los medios periodísticos que "estaba preparada y se implementaría en la próxima semana”, remató.
En la municipalidad de Neuquén, la tasa vial se comenzaría a cobrar en 10 días. Fuente: (Facebook).
Reconoció que, si bien las estaciones de servicio tendrán un importante perjuicio por la aplicación de la medida, “se requiere que sea el damnificado directo, es decir, los usuarios, empresas de ómnibus, camiones, quienes pueden acudir a la justicia, en cuyo caso aseguró que desde la entidad, “los pueden respaldar”. Aseguró además, que “hay gente experta en el tema, que ya ha advertido que el cobro es inconstitucional” y “hay fallos que lo ratifican”, expresó.