Una mujer que trabajaba en el Poder Judicial de Río Negro utilizó, durante tres años, licencias laborales para ausentarse y ocupar cargos remunerados en una municipalidad y en una obra social privada en Neuquén. Prestaba servicios en la Defensoría Pública y ahora se le formularon cargos por fraude a la administración pública. En febrero pasado, el Superior Tribunal de Justicia resolvió su despido.
El caso fue revelado por el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti que, en una audiencia virtual, acusó a la mujer de fraude por haber sido empleada de la Defensoría, pero también figuraba como empleada de la municipalidad de San Martín de los Andes y en la Obra Social del Sindicato de Petroleros Privados, entre junio de 2022 y enero de 2025.
Municipalidad de San Martín de los Andes. Fuente (Facebook)
Al describir los hechos, el fiscal que la acusó detalló que la imputada “se valió de diversas licencias para ausentarse de su puesto laboral, con intenciones de defraudar a la Administración Pública”. Así, siendo empleada y percibiendo el salario del Poder Judicial, “fue designada como empleada de la Municipalidad de San Martín de los Andes entre junio y octubre de 2022; y desde ese mes hasta agosto de 2024, en la Obra Social de Petroleros Privados, percibiendo durante estos lapsos remuneraciones simultáneas”.
“Todo ello a sabiendas de que le estaba vedada la posibilidad de ejercer cualquier otro cargo que no sea dentro del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro”, destacó.
También era empleada de la Obra Social de Petroleros Privados. Fuente (X)
Para sostener la acusación por el delito de fraude contra la Administración Pública, la Fiscalía mencionó la primera investigación iniciada al advertir la maniobra en la sede administrativa de la Procuración General, en la ciudad de Viedma. A ello sumó documentación emitida por diferentes organismos, como: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ANSES, el sindicato de trabajadores del petróleo, la Municipalidad de San Martín de los Andes y diversas áreas del Poder Judicial y del Ministerio Público.
También se incorporó una resolución del Superior Tribunal de Justicia del 12 de febrero pasado, en la que se dispuso la cesantía de la trabajadora involucrada. De esta forma, el legajo penal implica una instancia diferente a la resolución administrativa del caso.
La mujer trabajaba en la defensoría Penal de Cipolletti. Fuente (X)
Si bien los abogados defensores de la mujer no se opusieron a la formulación de cargos, sí adelantaron diferencias en cuanto a la teoría del caso. Seguidamente, el Juez de Garantía tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por los próximos cuatro meses.
Pedidos de la defensa
Los abogados que asistieron legalmente a la imputada pidieron al iniciar la audiencia que la misma sea reservada. La Fiscalía sostuvo la necesidad de garantizar la publicidad del proceso, pero acordó con la restricción de datos personales e imágenes de la mujer en esta incipiente etapa de la investigación. En relación con ello, el juez enfatizó en que el principio general es la publicidad de las actuaciones, pero resolvió resguardar datos personales de la persona imputada.
Asimismo, haciendo alusión a la posibilidad que brindan las audiencias multipropósito, pidieron reconvertir la audiencia para plantear una suspensión de juicio a prueba. Ante ello, la fiscalía manifestó que requiere para poder analizar esto, de la opinión de la víctima, en este caso constituida por la Administración Pública Provincial. En este sentido, se dispuso la convocatoria al organismo de contralor que el Poder Ejecutivo determine para poder convocar a una nueva instancia en la que pueda discutirse esta pretensión.