Finalmente, el juez de Garantías Juan Pablo Balderrama homologó el acuerdo alcanzado entre la fiscalía de Delitos Económicos y los defensores de dos de los imputados en la estafa con dinero de planes sociales, quienes fueron condenados a tres años de prisión en suspenso y a realizar tareas comunitarias.
Se trata de Rodolfo López, quien admitió haber cobrado 264 cheques por un monto de 12.700.000 pesos, y Adrián Meza Lizama, a quien le endilgaron haber cobrado 103 cheques por un monto de 4.900.000 pesos. Ambos fueron declarados penalmente responsables por integrar una asociación ilícita en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de crédito sin la debida autorización. También deberán respetar una serie de reglas de conductas impuestas por Balderrama y 12 horas mensuales de trabajo comunitario durante los tres años.
Juez de garantías Juan Pablo Balderrama. Fuente: (Prensa TSJ)
La decisión se dio a conocer en una audiencia desarrollada en la mañana de este jueves 22, en la que el magistrado manifestó que “el juez penal en los procedimientos abreviados tienen una función compleja porque, por un lado, tenemos que visualizar que efectivamente estén correctamente asistidos, que posean una defensa eficaz, que comprendan los alcances, que los imputados asuman la responsabilidad de los hechos y sepan qué pena se les va a imponer”.
“El otro elemento –continuó– es tomar toda la información y pensar qué habría ocurrido en un juicio, evaluar si con el rendimiento de esa información aportada por los acusadores y determinar si es suficiente para declarar la responsabilidad”. En ese sentido, consideró razonable el acuerdo presentado dentro de los términos previstos por el código procesal penal.
El dinero robado era del ministerio de Desarrollo Social, destinado a planes sociales. Fuente: (X)
Previamente, el magistrado se refirió a los antecedentes del caso y manifestó que “muchas veces reclamamos y ponemos sobre valor a los principios del procedimiento penal, es decir, celeridad, economía procesal, efectividad en la resolución del conflicto. Entonces, cuando observamos la posibilidad de solucionar el conflicto primario, debemos hacerlo”.
La fiscalía de Delitos Económicos investiga la estafa por más de 150 millones de pesos cometida con dinero de planes sociales de la provincia, entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022.
El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manhuel Narváez, junto a sus colaboradores. Fuente: (MPF)
A los exfuncionarios, empleados y empleadas del Ejecutivo, que serán enjuiciados a partir del 21 de julio, se les imputa integrar una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración, mediante el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito.
En la acusación se determinó distintos niveles de responsabilidad, poniendo como jefes a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. En este grupo de “jefes” también se incluyen a otros dos funcionarios: el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y el excoordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.