Dos de los 17 imputados en la estafa con planes sociales reconocieron su participación en la asociación ilícita y acordaron aceptar una condena a 3 años de prisión condicional. Ambos ocupaban los niveles más bajos en la escala de participación que elaboró la fiscalía, ya que eran los encargados de cobrar cheques y distribuir el dinero de acuerdo con lo que les ordenaban los jefes de la banda.
Se trata de Ulises Omar Rodríguez Quezada quien cobró 46 cheques por un total de 2.163.000 pesos y Aaron Escobar quien hizo efectivos 61 cheques por 2.365.600 pesos. Ambos entregaban el dinero, por lo que no varió su patrimonio económico particular.
El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal de Delitos Económicos Juan Narváez. Fuente (MPF)
Rodríguez Quezada y Escobar, en la pirámide de responsabilidades que estableció la fiscalía de Delitos Económicos en relación con la estructura de la asociación ilícita, ocupaban los niveles inferiores.
La semana pasada la jueza de Garantías Carina Álvarez, cuando se definió con qué figura penal se va a realizar el juicio, ya había retirado los cargos por defraudación especial por el uso indebido de tarjeta de débito sin la autorización del titular respecto de Rodríguez Quezada y de Escobar, ya que no participaron de las extracciones de dinero con esa modalidad en los cajeros automáticos.
Jueza de garantías Carina Álvarez. Fuente (MPF)
La magistrada homologó las condenas a las que se arribó mediante el acuerdo de partes y, en la misma audiencia, continuó con el control de las evidencias y testigos. Con las dos nuevas condenas aprobadas hoy, entre jefes e integrantes de la organización criminal, la responsabilidad de las restantes 15 personas imputadas se definirá en juicio.
El acuerdo fue anunciado por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narváez hoy, apenas iniciada la audiencia en la que las partes debían informar a la jueza los puntos en los que se habían puesto de acuerdo para reducir el listado de testigos que inicialmente iban a ser convocados al juicio.
Audiencia judicial en la causa estafa con planes sociales. Fuente (MPF)
Los 15 imputados que irán a juicio comparten la imputación por asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito sin la debida autorización de su titular, todo ello en concurso real por tratarse de 9303 hechos, en calidad de coautores. En el nivel superior de la pirámide, la imputación es por la calidad de “jefes”, lo que agrava su situación.
Respecto de Rodríguez Quezada y Escobar, Vignaroli planteó que “el rol que cumplieron aportó a la extracción, pero no es comparable a quienes tuvieron una mayor incidencia en la asociación. Eso es lo que nos permite evaluar su responsabilidad penal”, y pidió a la jueza que imponga 3 años de prisión en suspenso, más los controles de la Dirección de Población Judicializada y la realización de 432 horas de trabajos no remunerados.
Los "recaudadores" captados por la cámara de un cajero del BPN. Fuente (X)
El fiscal jefe explicó que respecto del perjuicio económico, la fiscalía de Estado inició acciones para reclamar el resarcimiento a todas las personas imputadas. Tanto en los acuerdos presentados hoy como en los que se realizaron desde fines de 2024, el Ministerio Público Fiscal tuvo el objetivo de centralizar la acusación en los niveles superiores de responsabilidad.
Tras escuchar a las partes, la jueza hizo lugar a los acuerdos, ponderó el reconocimiento de su participación por parte de los imputados, y consideró fundada la acusación de la fiscalía, por lo que declaró la responsabilidad penal de ambos y les impuso la pena de 3 años de prisión condicional.
La investigación
La teoría del caso de la fiscalía comprende a ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito. Discrimina distintos niveles de responsabilidad, poniendo como jefes a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. A los jefes iniciales, la fiscalía sumó luego en el rol de “jefes” de la organización a otros dos funcionarios de alto rango: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.
La fiscalía determinó otros cuatro niveles: como colaboradores imputó a Luis Gallo, Laura Reznik, Julieta Oviedo y Julio Arteaga. En la función de reclutadora, quedó imputada Isabel Montoya. Como recaudadores, se incluyó a Valeria Honorio, Ariel Krom y Emanuel Victoria Contreras. Los beneficiados por la maniobra, según la fiscalía, fueron Alfredo Cury y Fernando Cardozo Regidor.
Marcos Osuna y Ricardo Soiza, serán juzgados como jefes de la asociación ilícita. Fuente (X)
La investigación se centró en el período que va desde el 30 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2022, y se delimitaron roles y niveles de responsabilidad, con los jefes en el primer nivel. En los niveles 2, 3, 4 y 5, se ubicó a colaboradores directos de los jefes, reclutadores de potenciales beneficiarios de planes sociales, cobradores (mediante tarjetas y cheques) y a quienes obtuvieron beneficios.
Con esa estructura, la organización se apropió de $153.377.900 (monto histórico, sin actualizar), con roles y funciones predeterminados para cada uno de sus integrantes, En audiencias previas se acordaron cinco condenas a prisión condicional.