El recorte y la interrupción en el pago de subsidios destinados a 70 familias en situación de vulnerabilidad motivó una protesta de trabajadores de Salud y Niñez frente al Ministerio de Trabajo. Los profesionales señalaron que los aportes económicos presentan más de 90 días de retraso administrativo y advirtieron que muchas de las personas afectadas dependen de esos recursos para afrontar gastos básicos como alquileres, alimentos y calefacción.
La manifestación se desarrolló frente al edificio del organismo provincial, donde los trabajadores expusieron la situación que atraviesan las familias asistidas por programas sociales. Los participantes señalaron que los aportes resultan esenciales para sostener condiciones mínimas de vida y remarcaron que la demora administrativa generó incertidumbre entre quienes dependen de ese acompañamiento estatal para cubrir necesidades básicas.
Los subsidios sirven para gastos como alquiler o calefacción. Fuente: (Emiliano Ortiz)
Según explicaron durante la protesta, los subsidios en conflicto contemplan montos que oscilan entre los 350.000 y 500.000 pesos. Esos fondos se destinan principalmente al pago de alquileres en sectores con elevados costos habitacionales. Los profesionales indicaron que la interrupción de los aportes puede derivar en desalojos y en la imposibilidad de cubrir gastos elementales para las familias que reciben asistencia.
Los trabajadores también advirtieron sobre el contexto climático que enfrenta la provincia en las próximas semanas. Señalaron que muchas de las familias afectadas no cuentan con reservas de leña, garrafas ni módulos alimentarios. La ausencia de frazadas y otros insumos básicos agrava el escenario ante la cercanía del otoño y el descenso de las temperaturas en la región.
Preocupa la llegada del frio .Fuente: (X)
Durante la lectura del documento difundido en la manifestación, los profesionales cuestionaron la interrupción de los subsidios y señalaron que el problema refleja una decisión política que afecta a los sectores más vulnerables. En ese marco expresaron: “Escuchamos hablar de orden en la Legislatura, pero en la realidad vemos que se desatienden las políticas sociales básicas”.
Los manifestantes sostuvieron que el retraso administrativo supera los 90 días y afecta a un total de 70 familias registradas en programas de asistencia social. La protesta se desarrolló frente al Ministerio de Trabajo durante la jornada y concluyó con la entrega de un reclamo formal dirigido a las autoridades provinciales.