Con el objetivo de preservar el acceso a la justicia y mitigar el impacto del conflicto gremial, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) activó su protocolo de emergencia. La medida busca asegurar la prestación de servicios esenciales, con especial énfasis en el resguardo de los derechos de los sectores más vulnerables de la comunidad.
Para coordinar las tareas, se constituyó la Comisión Operativa de Emergencia, en el contexto de las medidas de fuerza implementadas por los empleados. Este cuerpo está integrado por los presidentes de las Cámaras de Apelaciones de la I Circunscripción y del interior provincial, junto a los directores de las Oficinas Judiciales.

Sede del Tribunal Superior de Justicia, en Alberdi. Fuente (X)
El proceso de contingencia se inició el pasado 16 de marzo, cuando la Comisión solicitó a cada organismo un informe detallado sobre el impacto de las medidas de fuerza en sus respectivas áreas. Tras procesar estos datos, el Tribunal mantuvo un segundo encuentro el pasado jueves, donde se definieron las acciones operativas inmediatas.
La resolución central consiste en la afectación transitoria de funcionarios pertenecientes a organismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales del TSJ. Estos agentes serán reasignados según las necesidades que detecte la Comisión, con prioridad en la atención en los fueros de Familia, Penal y Laboral, áreas consideradas críticas por la naturaleza de los conflictos que tramitan.
Alcance de la medida
Desde el Poder Judicial informaron que estas disposiciones se extenderán de manera progresiva al resto de los organismos de la provincia. Asimismo, se confirmó que se han puesto a disposición todas las herramientas institucionales necesarias para dar respuesta a la coyuntura actual.
A través de un comunicado oficial, el Tribunal Superior de Justicia reafirmó su compromiso de "sostener las medidas adoptadas mientras la situación así lo requiera", con el objetivo de que el servicio de justicia no se vea interrumpido para aquellos ciudadanos que requieren respuestas urgentes por parte del Estado.