Un ex funcionario de la municipalidad de Andacollo fue imputado este miércoles por robar dinero público mediante operaciones irregulares de adquisición de combustible, por más de 5,5 millones de pesos. Se trata del ex secretario de Servicios Redes y Espacios Verdes, Eduardo Argentino Zenteno, quien en noviembre de 2025 ya había sido imputado por otro escándalo en la contratación de maquinaria vial.
El fiscal de Chos Malal, Víctor Salgado señaló que Zenteno, entre marzo y octubre de 2025, desplegó "un mecanismo sistemático de desvío de recursos". Agregó que el imputado solicitaba la compra de grandes volúmenes de combustible cuando los tanques municipales ya contaban con suficiente combustible y no se cargaba la totalidad del pedido. "Los valores remanentes, documentados mediante contravales emitidos por la estación de servicio, eran recibidos por Zenteno, quien omitía rendirlos ante la administración, apropiándose indebidamente de los fondos”, mencionó Salgado.
Víctor Salgado, fiscal del caso. Fuente (MPF)
Los hechos específicos ocurrieron: el 31 de marzo de 2025, se quedó con un remanente de 1 millón de pesos sobre un pedido de 2.795 litros de combustible adquirido; el 6 de mayo de 2025 se apropió de un remanente de 230.000 pesos sobre un pedido de 2.831 litros de diésel; el 3 de junio de 2025 se guardó un remanente de 2.688.000 pesos sobre un pedido de 2.785 litros de diésel; el 28 de julio de 2025 de un remanente de 262.000 pesos sobre un pedido de 2.995 litros de nafta y diésel; el 26 de agosto de 2025 se apropió de un remanente de 980.900 pesos sobre un pedido de 2.490 litros de nafta y diésel, y el 27 de octubre de 2025 se quedó con un remanente de 529.400 pesos sobre un pedido de 2.445 litros de diésel.
El representante de la fiscalía encuadró el accionar de Zenteno en el delito de peculado, en modalidad continuada y en calidad de autor, y precisó que, en total, el perjuicio económico al erario de Andacollo ascendió a 5.690.300 pesos.
El chulengo para comprar combustible. Fuente (Viento North)
Salgado remarcó que Zenteno, en su carácter de funcionario público y con custodia funcional sobre los bienes y fondos involucrados, “quebrantó el deber de fidelidad inherente a su cargo y generó un perjuicio económico directo al erario municipal”.
Tras escuchar a las partes, la jueza Leticia Lorenzo tuvo por formulados los cargos, tal como los planteó el fiscal del caso. También por pedido de los representantes del MPF, fijó el vencimiento del plazo de investigación en sintonía con el de la causa que ya estaba en trámite, es decir, el 27 de junio.
Medidas cautelares
Luego de la formulación de cargos, el fiscal del caso requirió a la jueza que, con “el objetivo de garantizar la reparación del daño”, se fijara un embargo mensual del 10 por ciento sobre los haberes del imputado. La magistrada lo rechazó, por lo que Salgado solicitó que esa parte de la resolución pueda ser revisada en otra audiencia frente a un tribunal de tres integrantes.
Los nuevos cargos se suman a los que se formularon el 27 noviembre de 2025, cuando se le imputó a Zenteno, a Carlos Daniel Leiva (director de Redes) y a los proveedores K.C.V y J.C.V, haber conformado una asociación ilícita que causó un perjuicio aproximado de 128 millones de pesos a la municipalidad de Andacollo. Según la fiscalía, los imputados certificaron horas de maquinaria vial nunca realizadas, dispusieron indebidamente de materiales de la cantera municipal y utilizaron personal y bienes municipales para beneficio propio.
Corralón Ceferino de Andacollo, vinculado con el fraude. Fuente: (Juan Carlos Parada)
En la investigación original se detallaron 13 hechos, entre ellos, certificación de horas de maquinaria nunca ejecutadas y con pagos millonarios a cuentas vinculadas al corralón; uso indebido de personal y materiales municipales para beneficio de los imputados; apropiación de bienes de la comuna (cable, muebles y una cocina industrial); todas maniobras reiteradas que configuran asociación ilícita, defraudaciones y peculado.
En ese contexto, sobre Zenteno, Leiva y el resto de los imputados pesan embargos por 130 millones de pesos, que se fijaron para cubrir el monto de las estafas.