Dos ex funcionarios del gobierno de Omar Gutiérrez, que se desempeñaban en el ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia, quedaron imputados como partícipes de una causa por administración fraudulenta, por la que se investiga el presunto desvío de fondos públicos a través de la Cooperativa Viento Sur.
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) los nuevos imputados en la investigación son Abel Orlando Di Luca, ex ministro de Desarrollo Social y condenado a 5 años de prisión por la millonaria estafa de planes sociales. En esta nueva causa se incorporó Germán Chapino, quien habúa sucedido a Di Luca en la cartera.
La fiscalía de Delitos Económicos en la audiencia de formulación de cargos. Fuente: (MPF)
Este lunes por la mañana, el fiscal jefe Pablo Vignaroli, la fiscal del caso Rocío Rivero y los asistentes Facundo Bernat y Agustina Jara formularon cargos a los ex funcionarios en la causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos otorgados a la cooperativa Viento Sur por ser los que autorizaron los pagos del programa de capacitación. Según la acusación, la maniobra provocó un perjuicio al Estado provincial de 1.208.657.600 pesos a valores históricos.
La investigación ya tenía imputados a seis integrantes de la cooperativa por el uso indebido de fondos entregados en el contextodel “Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, creado por el Decreto 1672/2022 del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Ese programa establecía controles previos obligatorios antes de cada desembolso, entre ellos la verificación de la regularidad institucional de la organización, la certificación de sus autoridades, la presentación de un plan de acción, la confección de un padrón verificable de beneficiarios y la acreditación de capacitaciones efectivamente realizadas.
Abel Di Luca, fue condenado a 5 años de prisión en la causa planes sociales. Fuente: (X)
Se trata de Diego Augusto Mauro, Sonia Elizabeth Barrios, Lilian Larrosa Velázquez, Gabriela Suppicich, Ruth Valencia Beksabe Navarrete y Federico Gabriel Sánchez. Ahora se sumaron los ex funcionarios Di Luca y Chapino, a quienes se les atribuyó autorizar pagos mensuales sin verificar esos requisitos, aceptando rendiciones incompletas, inconsistentes o inexistentes. La fiscalía sostuvo que los desembolsos comenzaron el 18 de julio de 2022 —un mes antes de la firma del decreto— y se extendieron hasta diciembre de 2023.
También se señaló que la Contaduría General de la Provincia emitió dictámenes desfavorables en los distintos períodos investigados, pero que esas observaciones fueron desoídas y los pagos continuaron realizándose.
Diego Mauro, dirigente del FOL, imputado como partícipe primario. Fuente: (Diario RN)
Desde el punto de vista jurídico, la fiscalía encuadró los hechos como administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, respecto de los exministros.
De acuerdo con la imputación, la maniobra constituyó un hecho único sostenido en el tiempo —con ejecución continuada entre julio de 2022 y diciembre de 2023— mediante el cual se desvió de manera sistemática un conjunto de aportes no reintegrables con destino específico, configurando una defraudación mediante abuso de las funciones y violación de los deberes de control.
En 2024, la fiscalía allanó dependencias de la cooperativa Viento Sur de Neuquén. Fuente: ( LMN)
La causa se inició a partir de una denuncia de la Fiscalía de Estado en el año 2024 a partir de la cual la Fiscalía de Delitos Económicos inició su investigación y acusó -a comienzos de 2025- a seis referentes de organizaciones sociales como partícipes de una maniobra de desvío de fondos destinados a capacitación laboral a través de la Cooperativa Viento Sur.
Abel Di Luca fue imputadopor su participación como Ministro de Desarrollo Social entre julio y octubre de 2022, período en el que se transfirieron fondos a dicha cooperativa por una suma cercana a los 96 millones de pesos, mientras que Germán Chapino fue acusado, también por participar como ministro entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023, periodo durante el cual se transfirieron fondos por más de 1.100 millones de pesos. Según la teoría de la fiscalía, la defraudación al Estado Provincial supera los 1.200 millones de pesos y los fondos recibidos por la cooperativa se destinaron al pago de sueldos de centenares de beneficiarios y a la compra de tres vehículos, dos terrenos, algunos plazos fijos y una construcción edilicia.
Raúl Aufranc, juez de garantías. Fuente: (Jusneuquen)
Pese a la oposición de los defensores, el juez de garantías, Raúl Aufranc consideró que su rol como ministros los coloca en un lugar de responsabilidad por la correcta administración y utilización de los fondos públicos y que para esta instancia inicial del proceso, la parte acusadora pudo relatar con suficiente solidez los hechos por los que se los acusa como para tener por formulados los cargos. También, a pedido de la Fiscalía de Estado y con acuerdo de la Fiscalía, se dictó la inhibición general de bienes de ambos, tanto en el Registro de la Propiedad y el Inmueble como en el Registro Automotor.
Para el Ministerio Público Fiscal, la actuación coordinada de funcionarios y particulares configuró un esquema de desvío de fondos públicos que frustró la finalidad social del programa y consolidó un perjuicio millonario al erario provincial. En la reformulación, que permitió precisar conductas y roles, también se modificó el monto del perjuicio, que originalmente se estimó en $1.341.400.640, debido a que se había incluido un período de tiempo que no forma parte del investigado. El plazo de la investigación finaliza el 8 de abril.